La voz del paciente obliga a nuevos controles en la evaluación sanitaria

La entrada de los pacientes en la gobernanza de la evaluación de tecnologías sanitarias abre una nueva etapa en el Sistema Nacional de Salud. El nuevo Real Decreto (RD) incorpora por primera vez la participación de asociaciones de pacientes en procesos clave para decidir qué medicamentos y tecnologías entran en la cartera pública.

Sin embargo, junto a la celebración por este avance, surge la pregunta de cómo garantizar que esa voz sea legítima, representativa e independiente de posibles conflictos de interés. Redacción Médica ha hablado con las principales asociaciones de los pacientes, como sus máximos exponentes para responder estas cuestiones.

Quién representará realmente la voz del paciente

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, defiende que la inclusión de los pacientes responde a una necesidad metodológica más que simbólica. "En la evaluación lo que estamos mirando es cómo se valora el valor de esa innovación, más allá del precio", explica. "Al final, qué valor diferencial ofrece esta nueva reglamentación solo se mide con la experiencia de los pacientes".

Escobar insiste en que variables como la autonomía, la adherencia terapéutica o el impacto real sobre la calidad de vida son aspectos que difícilmente pueden medirse sin contar con quienes conviven con la enfermedad. "La innovación, hasta que no llega a las personas, no se puede llamar innovación", afirma.

La POP celebra especialmente que el RD vaya más allá de la consulta puntual. "Los pacientes ya no vamos a estar solo participando, diciendo nuestra opinión, sino que el paso que sigue con este RD es que estamos en la gobernanza con voz y voto", asegura Escobar.

Pero el salto desde la participación hasta la gobernanza abre interrogantes sobre quién representará realmente a los pacientes y bajo qué criterios. La propia Escobar admite que todavía quedan aspectos por concretar. Según explica, el futuro Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes deberá definir "todas las entidades, qué son asociaciones de pacientes, en qué patologías y cuáles son las entidades de referencia, con unos criterios concretos que establece la ley".

Auditar la experiencia del paciente en las evaluaciones

Mientras tanto, el Ministerio trabaja en una Mesa de Pacientes que servirá para articular esta participación. La idea, apunta Escobar, es que la representación dependa tanto de la implantación de la entidad como de su relación con la tecnología o patología evaluada. "Cuando hay una tecnología concreta tendrá que ser la asociación de esa tecnología concreta", señala.

Precisamente ahí es donde el Foro Español de Pacientes (FEP) pone el foco. Su presidente, Andoni Lorenzo, considera que el texto aprobado "no definía con suficiente nitidez el perfil y los requisitos específicos de las organizaciones de pacientes capacitadas para participar".

Para evitar dudas sobre legitimidad o posibles influencias, el FEP propone "crear de forma urgente un censo Oficial y Público de Asociaciones de Pacientes gestionado a nivel estatal". El objetivo sería identificar qué entidades cumplen estándares mínimos de representatividad, transparencia y capacidad técnica.

El temor es que la participación termine convirtiéndose en una "consulta simbólica" o quede condicionada por actores externos. En ese sentido, Escobar destaca que la POP ya está formando a sus entidades "en saber cómo evaluar, en PROMS" y en el uso de datos en vida real. "Estamos avanzando en esa cultura del dato, en convertir todos esos datos en salud, en evidencia que permita tomar mejores decisiones", explica.

Desde el FEP, Lorenzo va un paso más allá y plantea que las propias agencias de evaluación cuenten con "unidades metodológicas específicas" para validar las aportaciones de los pacientes. "Al igual que existen expertos en bioestadística o farmacoeconomía, las agencias deben contar con equipos especializados en capturar y estandarizar variables informadas por el paciente", sostiene.

"Falta concretar un mecanismo por el cual el sistema esté obligado a justificar públicamente por qué se han desestimado las aportaciones de los pacientes", advierte Lorenzo. Al final, el debate se desplaza hacia cómo garantizar que esa voz tenga rigor, independencia y capacidad real de influencia.