El ministerio de Hacienda analiza en la actualidad el contenido de la sentencia europea



10 mar 2014. 11.47H
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Redacción. Madrid
Convergéncia i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a  establecer mecanismos presupuestarios compensatorios para ayudar a los hospitales y demás centros sanitarios a paliar los efectos que tendrá la próxima subida del IVA de productos y equipos médicos.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Se trata de una "subida fiscal no deseada", según reconoce el grupo parlamentario en la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) determinara hace un año que España debe subir la tributación de algunos de estos productos, actualmente con un tipo impositivo reducido (10 por ciento). La sentencia de este organismo se basa en la nueva directiva europea del IVA, que permite a los Estados miembros aplicar un tipo reducido a los equipos médicos, a los aparatos y a demás instrumental "utilizados normalmente para aliviar o tratar deficiencias" que sean "para uso personal y exclusivo de minusválidos". Sin embargo, España aplica un interés reducido a los equipos médicos y productos sanitarios en general (aparatos para medir la presión sanguínea, termómetros, agujas, guantes, máscaras, gorros y batas médicas), lo que ha motivado la reclamación del Ejecutivo comunitario.

En la actualidad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comisión Europea están llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre el contenido de la sentencia, con el fin de establecer a qué productos sanitarios y equipos médicos debe aplicarse el tipo impositivo general y no el tipo impositivo reducido, como sucede actualmente. Sin embargo, CiU considera que la inminente subida de los tipos impositivos en el IVA, como consecuencia de la aplicación de una política fiscal común en este impuesto, comportará "importantes consecuencias en el sector y un grave perjuicio económico y social". De hecho, recuerdan que un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) establece que la citada subida supondrá un coste adicional medio de 182.454 euros al año para cada hospital; pondrá en peligro 20.000 puestos de trabajo; podrá provocar el cierre del 50 por ciento de estos; la prima medía de los seguros médicos se encarecerá y las comunidades autónomas verán agravada su situación financiera en, al menos, 1.000 millones de euros.

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