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Redacción. Madrid El Consejo de Ministros ha aprobado el primer informe del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, con la que pretende garantizar los derechos de los pacientes "en el momento final de la vida", así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden, quienes tendrán que contar con "el juicio coincidente de al menos otro médico que participe en la atención", tal y como reza el texto analizado.
El primer paso para mejorar la atención a estos pacientes fue la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos aprobada en 2007, tras la que el Gobierno quiere "dar un paso más" para "pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías, al tiempo que también ofrece mas seguridad jurídica a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)", remarcó. No despenaliza la eutanasia ni contempla la objeción de conciencia del profesional "La iniciativa era demandada desde numerosas organizaciones de profesionales y asociaciones de pacientes", recordó Pajín, aprovechando para asegurar "con rotundidad" que "no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido". Para ello, la norma establece que "cualquier persona mayor de edad y plena capacidad de obrar por si misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida". Asimismo, se garantizan el derecho a la información asistencial, la toma de decisiones, al tratamiento del dolor y al acompañamiento o la intimidad en los últimos días de su vida. Todo ello, ha añadido Pajín, "será equitativo en todo el SNS, de modo que todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho vivan donde vivan". El anteproyecto de ley establece también que quien reciba la información asistencial y la prestación del consentimiento será cuando el paciente presente incapacidad de hecho. Esto se decidirá a criterio del profesional médico responsable, para lo que recabará la opinión de "al menos" otro profesional implicado directamente en la situación del paciente. Del mismo modo, la ley regula las voluntades anticipadas y establece que toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad en un registro autonómico que las comunidades deberán comunicar "obligatoriamente" al registro nacional.
La filosofía de la futura norma sigue la estela de sus precedentes andaluz y aragonés en lo que a objeción de conciencia del profesional sanitario se refiere, y por tanto no ha sido contemplada.
Una “magnífica noticia” para la Semicyuc
La coordinadora de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha recordado que su partido propone al Gobierno que diseñe "en seis meses" un Plan Nacional de Cuidados Paliativos con una "cartera de servicios paliativos" que sea la "misma" para todos los españoles, "única" en el país y que garantice la "equidad" de los ciudadanos. "Si no lo hace el Gobierno, lo hará el PP", ha dicho la dirigente 'popular' sobre este Plan, en el que se pretende además la puesta en marcha de áreas de capacitación específica para "superespecializar" a médicos, enfermeros, psicólogos y asistentes sociales en este tipo de cuidados.
El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, dice que es "necesario afrontar la despenalización de la eutanasia" y por ello "reta" al Gobierno a convertir el anteproyecto de la citada ley en "un auténtico proyecto de ley de regulación de la eutanasia". Además, criticó que el PSOE "se limita" a defender la mejora de la calidad de la atención a las personas en situación de enfermedad terminal y a impulsar la información, "cuestiones ya integradas en las leyes elaboradas por los parlamentos autonómicos". |
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