La Justicia pide 11 años para médico que ayudaba a robar recién nacidos

La Fiscalía Provincial de Madrid pide once años de prisión para el ginecólogo Eduardo Vela por participar en el robo de un recién nacido en 1969, para dárselo a un matrimonio de forma ilegal, siendo el primer procesado en España en la causa de los ‘niños robados’.

Los hechos se conocieron tras las denuncias de varias asociaciones de afectados, que acusaban al médico de pertenecer a una trama que actuaba en Madrid entre las décadas de los 50 y los 90, dedicada al robo y la posterior venta de niños recién nacidos.

La fiscalía pide once años de prisión para el ginecólogo por los delitos de sustracción de un menor, suposición de parto y falsedad en documento oficial, por el robo de Inés Madrigal Pérez, que nació en 1969 y fue sustraída de sus padres biológicos y entregada a una pareja que no podía tener hijos.

Según el escrito, el doctor (que ha negado pertenecer a la trama), instó a la madre adoptiva a que fingiera su propio embarazo, la cual llegó a ponerse un cojín en el abdomen y "simuló" ante su entorno los síntomas de un embarazo.

Nueve meses después, el doctor les entregó a una niña que inscribieron como su hija en el Registro Civil español, gracias a que el facultativo acreditó que estuvo presente durante en el parto.

La niña, para la que el fiscal solicita una indemnización de 350.000 euros (374.993 dólares), pensó que era hija de sus padres adoptivos durante 41 años (de 1969 a 2010) hasta que empezó a sospechar sobre su origen, tras varias noticias publicadas en los medios de comunicación sobre niños robados.  Hasta ahora no ha podido averiguar la identidad de sus padres biológicos, mientras que sus padres adoptivos ya han fallecido.

Aparte de la trama en la que supuestamente participaba este médico en Madrid, varias asociaciones de bebés robados han denunciados hechos similares en el resto de España, por lo que el Gobierno puso en 2013 un servicio de información para afectados en el que participan los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad y la Fiscalía General del Estado. Según datos de las asociaciones, desde 2008 se han presentado aproximadamente