Las previsiones de inflación desde entre 2022 y 2024 se elevan al 12,3% frente al 9,5% de incrementos en la nómina

Las previsiones de inflación fruto del complejo contexto geopolítico amenazan con neutralizar las subidas salariales de la sanidad pública
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.


3 mar. 2024 12:00H
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A diez meses de que expire el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT, ambas partes -con José Luis Escrivá ahora como titular de una Función Pública incluida en Transformación Digital- iniciaron este mismo mes las conversaciones para renovar un ‘contrato’ que, cuando acabe el año, habrá beneficiado a los empleados públicos, incluidos los profesionales sanitarios, con un incremento salarial del 9,5 por ciento. Sólo queda por hacerse efectivo uno de los pluses ligados a la economía, algo ya asegurado por las variaciones inflacionistas de los dos últimos cursos. La cuestión es que las previsiones de precios para este año, amparadas en un complejo contexto geopolítico con la guerra de Ucrania y la crisis del Mar Rojo como principales exponentes, invitan, cuando menos, a replantear las negociaciones entre Escrivá y los sindicatos: si se cumplieran los pronósticos, el aludido aumento salarial se quedaría casi tres puntos por debajo del cómputo de la subida de precios de los últimos tres años.

Los incrementos en la nómina de los empleados del sector público reflejados en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI se dividieron en dos tipos: fijos y supeditados a variables económicas, a saber, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) y el Producto Interior Bruto (PIB).

Los plus fijos acordados fueron del 3,5 por ciento en 2022, del 2,5 por ciento en 2023 y del 2 por ciento en 2024, todos ellos aplicables desde el 1 de enero de cada año -si bien este último aumento salarial aún está a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ello-. En cuanto a los pluses variables, se pactó un 0,5 por ciento en 2023 ligado a la variación del IPCA -que se aplica desde octubre- y otro incremento del 0,5 por ciento que dependía del PIB -ya reflejado en la nómina de este febrero-, más otro 0,5 por ciento para 2024.

¿Qué índice de inflación anual se espera en 2024?


Este último aumento de medio punto es el último que aún no se ha hecho efectivo. Para que ello ocurra, es conditio sine que non que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 supere el incremento retributivo fijo acumulado de esos tres mismos años, que se eleva al 8 por ciento -3,5 en 2022, 2,5 en 2023 y 2 en 2024-. Y aunque será necesario esperar a final de año para aplicar el plus, lo cierto es que esa circunstancia ya se ha cumplido: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5 por ciento y el de 2023, del 3,3 por ciento, es decir, un 8,8 por ciento entre los dos años, un 0,8 más que el aumento salarial fijo de entre 2022 y 2024.

En definitiva, para que el incremento salarial total del 9,5 por ciento -sumando pluses variables- para los médicos y enfermeras del ente público durante estos últimos tres años, se equipare, como mínimo, a la inflación acumulada del mismo periodo, la variación anual del IPCA de 2024 no podría ser superior al 0,7 por ciento, cifra que, sumada al 8,8 por ciento de los dos años anteriores, arrojaría un porcentaje de inflación del 9,5 por ciento.

No obstante, las previsiones distan mucho de ello. Según María Jesús Fernández, economista senior del think tank Funcas, la inflación anual en España podría rondar el 3,5 por ciento, lo cual, añadido al 8,8 por ciento de los dos años previos, supondría una variación del 12,3 por ciento desde 2022, frente al 9,5 por ciento que van a subir los sueldos de los trabajadores públicos.

Los factores socioeconómicos que influirán en el sueldo sanitario


Son varios los factores socioeconómicos en los que se apoya esta estimación. Entre estos no está, según Fernández, las recientes manifestaciones de agricultores. “Aún no están produciendo disrupciones significativas que puedan afectar a los precios. Aunque fuera así, el impacto sería transitorio, es decir, si se produjera en algún momento un problema de desabastecimiento que pudiera elevar algunos precios, luego esos precios bajarían cuando se normalizase la situación”, concreta.

No obstante, la experta hace alusión a otras circunstancias que sí podrían influir en el IPC. “La presión alcista en los precios de los alimentos, que no viene de las movilizaciones sino de otros factores, como incrementos de costes y sequía, está tardando mucho en moderarse, más de lo esperado, y, si eso continúa, podríamos estar infravalorando las previsiones de inflación”, explica. La economista también subraya que, si los problemas de tránsito de barcos por el Mar Rojo no se solucionan pronto, ello podría tener impacto sobre la inflación, “pero tampoco excesivo”.

En lo referente al precio de la energía, tanto el del petróleo como el del gas, Fernández indica que están “muy estables”, al igual que el de la electricidad, que "tampoco está al alza". “Es muy volátil, pero dentro de esa volatilidad no está en una tendencia ascendente, e incluso el año pasado se redujo un 37 por ciento, y las previsiones están formuladas bajo el supuesto de que se mantendrán estables en los niveles actuales”, aclara.

A pesar de ello, la economista advierte de que la inflación "podría aumentar en 0,5 puntos si precio del petróleo subiera desde los 85 dólares actuales hasta los 100 dólares". En cualquier caso, ve “muy reducida” la probabilidad de que los índices de inflación lleguen al 4 por ciento. “Sólo ocurriría si se produjera algún acontecimiento inesperado en el ámbito internacional”, concluye.
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