España aprueba en políticas de Salud Mental, pero lejos del sobresaliente

El Covid-19 puso en jaque la salud mental de buena parte de la población mundial. Así, ante un aumento de hasta un 20 por ciento de los trastornos mentales, la necesidad de tomar medidas a este respecto se hizo evidente. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha elaborado el informe Comprender y abordar las desigualdades en salud mental en el que analiza la intersección entre la salud mental poblacional y la implementación de políticas e intervenciones en este sentido. Un análisis en el que España destaca entre los países que más esfuerzos invierte en esta materia, pero que aún debe trabajar en la aprobación de medidas específicas.

De este modo, la salud mental se entiende como un elemento variable y dependiente de factores como la clase, la etnia o el género. Según el citado organismo, las desigualdades en salud suelen estar impulsadas por factores estructurales sociales y económicos, conocidos en general como determinantes sociales de la salud. Estos incluyen el ingreso, la educación o la ocupación; entre otros. Por tanto, es importante atender a factores concretos a la hora de aprobar nuevas políticas de Salud Mental.

Las políticas de Salud Mental en España

Las estimaciones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sobre trastornos mentales en los países de la OCDE en 2019 muestran una prevalencia un 20 por ciento mayor en mujeres. Esta diferencia se reduce a menos del 1 por ciento cuando se incluyen los trastornos por consumo de sustancias. Asimismo, las muertes por suicidio disminuyeron entre 2001 y 2021 para ambos géneros en aproximadamente dos tercios de los países de la OCDE, aumentaron para ambos géneros en siete países y aumentaron solo para las mujeres en otros siete países. El caso de España se enmarca dentro de este tercer grupo.

A nivel estatal, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional de Salud Mental (2022-2026) con objetivo de fomentar la participación colectiva a través de grupos organizados de la sociedad civil, estableciendo en cada comunidad autónoma mecanismos para la participación de los movimientos asociativos, sociedades científicas y profesionales en el diseño, planificación y evaluación de los servicios de salud mental. Además, España es, junto a Francia, una de los estados con iniciativas centradas en las personas que residen en prisión. De esta forma, este es uno de los pocos grupos que cuentan con un programa mental específico para su situación concreta.

No obstante, entre los 13 campos de acción específicos, solo se han aprobado cuatro estrategias para promover una buena salud mental y/o prevenir los trastornos mentales en colectivos concretos. Destacando las planes de violencia de género, contra la inseguridad financiera y de prevención de niños y jóvenes. Eso si, esto no es una excepción, poco más de la mitad de los países de la OCDE informaron contar con políticas o programas que se centran en personas que lidian con múltiples desigualdades. En el caso de España, las programas y estretegias específicas para personas LGTBI, personas sin hogar, minorías étnicas o desempleados son algunos de los retos pendientes.

A pesar de ello, la nación española se corona como una de las que más ha trabajado en políticas y estrategias de salud mental, de acuerdo a la opinión de los ciudadanos. En este sentido, las personas encuestadas afirman que durante los últimos años no solo se ha trabajado para abordar las desigualdades en el acceso a la salud mental, sino también para ampliar el acceso a terapia y los programas de atención a personas en situaciones vulnerables