Cristina Alcalá. Madrid
El Tribunal de Cuentas, a través del informe de fiscalización relativa a la contratación del sector público estatal en 2012, ha detectado irregularidades en 15 convenios que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad llevó a cabo en esa fecha. El documento analiza todos los sectores públicos que conforman la Administración central y, en concreto, dentro de la cartera de Sanidad, los diez departamentos que la integran, además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), pertenecientes al Ministerio de Economía y Competitividad.
Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas.
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Desgranado, el informe del Tribunal de Cuentas revela que el propio Ministerio de Sanidad presentó deficiencias en los cinco expedientes que remitió a este organismo, de un total de 120 contratos que adjudicó en esta fecha por un valor de 24,08 millones de euros, debido, principalmente, a que en los acuerdos firmados por este ministerio faltaba información.
En relación al número de expedientes de contratación con irregularidades, le siguen de cerca tanto la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) como el Instituto de la Juventud (Injuve), con tres cada uno, por la falta de información que este tribunal requería o, en el caso del Injuve, por no establecer también “la forma de acreditar la solvencia de los licitadores de los Estados miembros de la Unión Europea”.
En el caso de la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, el Tribunal de Cuentas señala dos incidencias en sus contratos, principalmente, por no incorporar especificaciones técnicas en los pliegos.
Respecto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), de los tres contratos remitidos, solo uno, adjudicado por la Dirección General, presentó irregularidades, debido a que el cálculo del presupuesto de licitación se realizó sin ajustarse a los precios de mercado, según destaca el documento oficial.
Una anomalía también registra este órgano en uno de los contratos en el Instituto de la Mujer (Inmujer), argumentando que se debe, principalmente, por no establecer “los medios para acreditar la solvencia de los licitadores” y porque tampoco se incluyeron “medidas para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
Los contratos del CSIC y del ISCIII, también revisados
El Tribunal de Cuentas también analiza la actividad de contratación del CSIC y del ISCIII de 2012. Del primero, este organismo señala deficiencias en tres de los 36 convenios (valorados en 27,4 millones de euros en total), debido a que la licitación se realizó sin ajustarse a los precios del mercado y porque faltó información a la hora de estipular unos contratos con un valor superior a 5.000 euros.
En cuanto al ISCIII, se detecta cuatro irregularidades en los expedientes (valorados en 4,4 millones de euros) por no incluir la relación certificada de los contratos o no dar suficiente detalle en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares.
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