El PP exige simplificar acceso a ayudas por cuidar a hijos enfermos graves

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende reformar la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) para garantizar que las familias puedan seguir percibiéndola cuando los hijos superen los 26 años si persisten situaciones de gran discapacidad, gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos.

La iniciativa llega después de meses de movilización de asociaciones de pacientes, que habían reclamado tanto la ampliación de este derecho como la retirada de los cambios impulsados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Adiós al límite de los 26 años

La propuesta de los populares responde a una de las principales reivindicaciones de las familias afectadas, que habían advertido de que el límite actual de edad deja sin protección a progenitores cuyos hijos continúan necesitando atención permanente pese a haber alcanzado la edad máxima prevista en la normativa. En los últimos meses, distintas organizaciones ya habían alertado de que "la enfermedad no desaparece al cumplir 26 años" y habían rechazado que el acceso o mantenimiento de la prestación se condicionara al ingreso hospitalario, reclamando que también se reconocieran los tratamientos domiciliarios y ambulatorios.

En este sentido, la proposición de ley registrada por el Grupo Popular plantea que el derecho a la prestación y al permiso pueda prorrogarse "más allá de los 26 años" cuando el hijo o hija presente una gran discapacidad (a partir del 65 por ciento) o una situación de gran dependencia (grado III), siempre que continúe conviviendo con el progenitor beneficiario y siga acreditándose la necesidad de cuidados "directos, continuos y permanentes".

La exposición de motivos sostiene que la legislación actual "no ofrece una respuesta adecuada" a estas familias y considera que la extinción automática de la ayuda por razón de edad genera una situación de desprotección que obliga a muchos progenitores a elegir entre mantener su empleo o seguir cuidando de sus hijos. Asimismo, defiende que la evolución de la asistencia sanitaria, con un mayor peso de la hospitalización a domicilio y la atención ambulatoria, no puede traducirse en una pérdida de derechos sociales.

Hospitalización domiciliaria y corresponsabilidad familiar

Precisamente, otra de las novedades de la iniciativa consiste en reconocer expresamente como situación protegida aquellos tratamientos que se desarrollen mediante hospitalización domiciliaria, atención ambulatoria especializada u otras modalidades asistenciales equivalentes cuando, según criterio médico, sustituyan al ingreso hospitalario sin reducir la intensidad de los cuidados requeridos.

La proposición también incorpora medidas para favorecer la corresponsabilidad familiar. En los supuestos de gran discapacidad o gran dependencia, ambos progenitores podrían compartir simultáneamente la reducción de jornada asociada a la prestación, hasta un máximo conjunto del 100 por cien de la jornada laboral, independientemente de su estado civil. Según el texto, las condiciones concretas de reparto y alternancia se desarrollarían posteriormente por vía reglamentaria.

Además, el PP propone que el Ministerio competente publique criterios interpretativos comunes y vinculantes para las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, con el objetivo de "garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio nacional".

Reforzar la protección de los trabajadores autónomos

La proposición también presta atención a los trabajadores autónomos. En una de sus disposiciones adicionales, insta al Gobierno a revisar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el régimen aplicable a este colectivo para garantizar que el actual sistema de regularización anual de las bases de cotización no suponga una reducción injustificada de su nivel de protección social. El objetivo, según recoge el texto, es evitar que las particularidades del régimen de autónomos perjudiquen el acceso o la cuantía de la prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves.

En conclusión, la nota difundida por el PP tras el registro de la iniciativa, defiende que la Ley CUME pretende evitar que "las familias se vean obligadas a elegir entre mantener su empleo o seguir cuidando a sus hijos", reforzando la conciliación, la protección social y la seguridad jurídica. Asimismo, sostiene que las enfermedades graves, la discapacidad y la dependencia "no desaparecen cuando el afectado cumple 26 años", por lo que considera necesario adaptar la legislación a esa realidad.