El migrante en la sanidad española: mitos y realidades con datos oficiales

El pasado mes de junio arrancó con el debate sobre la supuesta 'carga' que supone la población inmigrante para el sistema sanitario español. Lo hizo tras la publación por parte del Ministerio de Sanidad de un informe que analizaba este impacto con el objetivo de desmontar bulos sobre el presunto colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS) por estas personas. 

Y lo cierto es que el debate sobre la universalidad de la asistencia sanitaria y el impacto de la población migrante en las cuentas públicas cuenta con una amplia base de datos oficiales, aunque no permite cerrar un balance exacto entre lo que aporta y lo que cuesta. El último informe del Ministerio de Sanidad sobre el estado de salud y el uso del sistema sanitario por parte de la población migrante, presentado el 1 de junio de 2026, cruzado con las estadísticas de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el INE y el Ministerio de Derechos Sociales, perfila una realidad más compleja que los mensajes simplificados: la población extranjera contribuye de forma relevante a los ingresos públicos y al mercado laboral, presenta una renta media inferior a la de los nacionales y, según Sanidad, utiliza menos los circuitos sanitarios ordinarios, aunque recurre en mayor proporción a urgencias e ingresos hospitalarios.

La primera cautela es metodológica. Las fuentes no miden exactamente lo mismo. La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el INE ofrecen datos por nacionalidad extranjera, mientras que el informe sanitario analiza principalmente a la población migrante por lugar o región de nacimiento. Una persona nacida fuera de España puede tener nacionalidad española, y una persona con nacionalidad extranjera puede haber nacido en España o tener una trayectoria administrativa y laboral muy distinta. Por ello, los datos permiten trazar una panorámica, pero no calcular un saldo neto individualizado entre aportación fiscal y coste sanitario.

La estadística de declarantes del IRPF de 2023, el último ejercicio publicado por la Agencia Tributaria, muestra que los contribuyentes de nacionalidad extranjera aportaron 6.363.378.614 euros en cuotas líquidas. Además, registraron 5.621.727.284 euros en retenciones y demás pagos a cuenta, dentro del mecanismo ordinario de liquidación del impuesto. Los 1.800.630 declarantes extranjeros computados en la base imponible general y del ahorro declararon 33.243.041.240 euros, con una media de 18.462 euros por contribuyente, por debajo de los 26.436 euros de media registrados entre los contribuyentes nacionales.

La diferencia también se observa en las rentas del trabajo. Los contribuyentes extranjeros declararon 26.009.985.850 euros en rendimientos del trabajo, con una media de 17.849 euros, frente a los 24.861 euros de los nacionales. El dato apunta a una menor capacidad fiscal media, más vinculada a la estructura salarial y laboral que a una ausencia de contribución. En cambio, en actividades económicas, los extranjeros declararon 4.045.690.822 euros, alrededor del 9,2 por ciento del total de esta partida, con una media de 14.846 euros, prácticamente idéntica a los 14.824 euros de los contribuyentes nacionales.

Fuerte aporte laboral del migrante

La afiliación a la Seguridad Social añade otra pieza relevante. Al cierre de 2023 había 2.645.755 afiliados extranjeros sobre un total de 20.733.042 afiliados, lo que supone cerca del 12,8 por ciento del conjunto del sistema. De ellos, 1.815.711 estaban encuadrados en el Régimen General ordinario, 225.912 en el Sistema Especial Agrario, 168.720 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar y 428.709 en el régimen de autónomos no agrarios. Estos datos muestran una presencia laboral significativa de la población extranjera, aunque no permiten traducir directamente esa afiliación en una cifra total de cotizaciones aportadas.

La estructura por edad de la afiliación también introduce un matiz importante. Mientras que el 22,5 por ciento de los cotizantes españoles superaba los 54 años, entre los afiliados extranjeros ese tramo representaba el 11,4 por ciento. A la inversa, el 33,7 por ciento de los afiliados extranjeros tenía menos de 35 años, frente al 24,0 por ciento de los nacionales, y el 54,9 por ciento se situaba entre los 35 y los 54 años. Esta composición más joven sugiere una menor presión sanitaria media esperable, aunque por sí sola no permite cuantificar el gasto sanitario real asociado a la población extranjera.

El marco general del Sistema Nacional de Salud sitúa el gasto sanitario público en 94.694 millones de euros, con una media de 2.001 euros por habitante. Sin embargo, esa cifra es una media del conjunto de la población y no está desagregada por nacionalidad ni por país de nacimiento. Aplicarla automáticamente a la población extranjera sería una aproximación imperfecta, porque no ajusta por edad, estado de salud, nivel de renta, situación administrativa ni uso efectivo de los servicios sanitarios.

El informe específico del Ministerio de Sanidad sobre población migrante sí permite observar diferencias de uso. Según los datos de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria, las personas nacidas en España registran 9.553,1 visitas o contactos en atención primaria por cada mil personas asignadas. Esta tasa es un 51,2 por ciento superior a la de las personas nacidas en la Unión Europea, con 6.294,4 visitas por mil, y un 39,1 por ciento superior a la de las personas nacidas en África, con 6.866,9 visitas por mil. Las personas nacidas en Latinoamérica y en el Mediterráneo Oriental presentan tasas cercanas a las 7.850 visitas por mil, alrededor de un 17,8 por ciento inferiores a las de la población nacida en España.

El patrón se repite en otros recursos ordinarios. La población nacida en España presenta una mayor tasa de procedimientos y un mayor consumo de medicamentos que el resto de regiones analizadas. En dosis diaria definida por mil personas asignadas y día, la población nacida en España registra 1.503,2, frente a 889,4 en la región europea, 924,0 en África, 1.003,1 en Latinoamérica y 1.137,6 en Mediterráneo Oriental. El informe interpreta estos datos en coherencia con una menor prevalencia de muchos problemas de salud y una menor carga de multimorbilidad entre la población migrante.

La cronicidad ayuda a explicar parte de esa diferencia. Las personas nacidas en España presentan una tasa de al menos un problema de salud crónico de 472,3 por mil personas asignadas. Esta cifra es un 23,7 por ciento superior a la de Latinoamérica, un 32,3 por ciento mayor que la de África, un 32,6 por ciento superior a la del Mediterráneo Oriental y un 38,1 por ciento superior a la de Europa UE. El informe también señala que la población nacida en España registra mayor prevalencia en dieciséis de los veintiún problemas o condiciones de salud analizados.

Más uso de Urgencias y de Ginecología

La excepción aparece en los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios, según los datos del Barómetro Sanitario. Las personas nacidas fuera de España declaran una mayor asistencia a urgencias, con un 56,5 por ciento frente al 51,2 por ciento de las nacidas en España, y más ingresos hospitalarios, con un 14,5 por ciento frente al 12,8 por ciento. El Ministerio de Sanidad relaciona este patrón con posibles dificultades de acceso a una atención continuada, barreras administrativas, lingüísticas, culturales o de discriminación, que pueden desplazar parte de la atención hacia recursos más intensivos cuando los problemas de salud se agravan.

También hay una excepción relevante en las interconsultas de Obstetricia y Ginecología. Las mujeres nacidas en Latinoamérica registran una tasa bruta de 120,7 interconsultas por mil personas asignadas; las nacidas en África, 120,2; y las del Mediterráneo Oriental, 102,1. Estas cifras duplican ampliamente la tasa de las mujeres nacidas en España, situada en 55,1. El informe vincula esta diferencia con mayores tasas de natalidad y fecundidad entre la población extranjera.

El análisis social completa el cuadro. El informe de Rentas Mínimas de Inserción (tildadas despectivamente en ocasiones como 'paguitas') de 2023 recoge 571.732 personas perceptoras entre titulares y miembros dependientes, con un gasto ejecutado de 1.649.529.495,50 euros. Entre las comunidades que aportaron datos por nacionalidad, el 71,11 por ciento de los titulares eran españoles y el 28,89 por ciento extranjeros. Esto refleja una sobrerrepresentación de la población extranjera en estas ayudas de último recurso, pero el propio informe la contextualiza con una mayor exposición a la pobreza o exclusión social: el 36,5 por ciento de las personas extranjeras comunitarias y el 57,0 por ciento de las extranjeras no comunitarias se encontraban en esa situación, frente al 22,3 por ciento de la población con nacionalidad española.

Los datos de ayudas públicas no contradicen la aportación fiscal y laboral, sino que muestran otra dimensión de la misma realidad: una población con presencia relevante en el mercado de trabajo, pero también más expuesta a empleos de menor renta, precariedad y vulnerabilidad económica. Esta fragilidad se observa tanto en la menor base imponible media como en la mayor presencia relativa en rentas mínimas autonómicas.