El golpe de Estado, finalmente fallido, ejecutado hace unas semanas en Estambul ha tenido como respuesta que el gobierno dirigido por Recep Tayyip Erdogan haya llevado a cabo miles de detenciones e intervenido y cerrado 2.341 instituciones en todo el país, acusadas de sediciosas y de apoyar a Fetula Gülen, el líder islámico que vive en Estados Unidos y a quien el ejecutivo ha culpado de la rebelión.
Y la sanidad no está siendo ajena a este proceso de limpieza política. Según indican medios internacionales, al menos 35 instituciones de atención médica han sido clausuradas acusadas de golpismo. Y es posible que más clínicas y centros sanitarios corran el mismo camino.
Toda esta actividad represiva acrecienta la sensación de incertidumbre en Turquía, cuyo ejecutivo, que ha decretado el estado de emergencia para los próximos tres meses, amenaza con retomar la pena de muerta y no descarta hacer más purgas en sus administraciones públicas, incluyendo su sistema sanitario.
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