El sindicato remite una carta al ministerio con una batería de medidas dirigidas a mejorar la prevención y la respuesta

CSIF exige a Sanidad más sanciones y prevención para frenar las agresiones
Fernando Hontangas, presidente del área de sanidad del sindicato CSIF.


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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado formalmente al Ministerio de Sanidad su profunda preocupación por el incremento sostenido de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y exige la adopción urgente de medidas estructurales que garanticen la seguridad laboral en los centros sanitarios. El sindicato advierte de que la violencia contra los profesionales de la sanidad constituye un grave riesgo psicosocial y exige al Gobierno medidas normativas, preventivas y presupuestarias para frenar esta escalada.

Este año 2026 ha sido declarado por el Gobierno de España como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, impulsar una cultura preventiva integral, reforzar la protección de la salud mental y adaptarse a los nuevos riesgos laborales. Sin embargo, la realidad que viven los profesionales de la sanidad en su trabajo diario resulta totalmente incoherente con estos objetivos.

CSIF ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamando actuaciones inmediatas frente a un problema que ya no puede considerarse episódico, sino un fenómeno estructural que afecta a la seguridad laboral, a la salud mental de los profesionales y a la calidad asistencial del sistema sanitario.

Campaña de sensibilización contra las agresiones


En este contexto, CSIF Sanidad pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización y denuncia bajo el lema “Receta 2026 contra las agresiones al personal del ámbito sanitario”, una iniciativa con la que el sindicato denuncia el riesgo intolerable de agresiones y pretende visibilizar la gravedad de la violencia que sufren los profesionales y exigir medidas urgentes para garantizar su seguridad.

El aumento de agresiones se produce en un contexto especialmente relevante a nivel internacional, puesto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se centra este año precisamente en garantizar entornos psicosociales saludables en el trabajo, poniendo el foco en factores como la violencia, el acoso laboral, la presión asistencial o la organización del trabajo.

Ante esta situación, CSIF reclama al Gobierno y al Ministerio de Sanidad la adopción inmediata de un marco estatal de protección frente a agresiones en el ámbito sanitario, con medidas concretas:

Marco normativo estatal de protección
  • Régimen sancionador homogéneo en todo el SNS.
  • Sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la agresión.
  • Posibilidad de limitar temporalmente el acceso al centro sanitario del agresor, garantizando asistencia alternativa.

Refuerzo de la prevención de riesgos laborales
  • Evaluaciones específicas del riesgo de agresión y riesgos psicosociales.
  • Elaboración de mapas de riesgo por centros y servicios.
  • Protocolos operativos conocidos por toda la plantilla.

Mejora de la seguridad en centros sanitarios
  • Refuerzo de plantillas para evitar situaciones de aislamiento profesional.
  • Implantación universal de botones de alerta o sistemas de alarma.
  • Sistemas de videovigilancia en zonas de riesgo.
  • Coordinación estable con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Protección integral a profesionales víctimas
  • Asistencia psicológica inmediata y seguimiento posterior.
  • Defensa jurídica gratuita asumida por la Administración.
  • Protocolos ágiles de denuncia y protección.

Tolerancia cero ante la violencia sanitaria


CSIF recuerda que la violencia contra profesionales sanitarios no es únicamente un problema de orden público, sino un riesgo laboral reconocido en la legislación española y una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral en el trabajo. Invertir en seguridad laboral no es un gasto, sino una obligación legal y una garantía para la calidad del sistema sanitario público.
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