15 nov 2018 | Actualizado: 19:10

Aprobado el Pacto de Violencia de Género con más implicación del sanitario

El Pacto de Estado ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo las abstenciones de Unidos Podemos y EH Bildu

Fachada del Congreso de los Diputados.
Aprobado el Pacto de Violencia de Género con más implicación del sanitario
jue 28 septiembre 2017. 17.50H
Redacción
El Pleno del Congreso ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos excepto Unidos Podemos y EH Bildu, que se ha abstenido, el informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento que contiene 213 medidas consideradas imprescindibles para terminar con esta lacra. La formación morada ha decidido no apoyar este documento al considerar que en hay calendario ni presupuestos que puedan garantizar su ejecución. Entre las novedades para sanitarios, además de mantener la obligación de reflejar la sospecha de maltrato en la historia clínica, se encuentra la de incluir formación sobre violencia de género en las especialidades MIR.

El texto incorpora también 18 votos particulares de los partidos, aprobados por mayoría pero que no forman parte del documento unánime, y contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, a repartir entre Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno tiene ahora dos meses para articular el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a partir de este texto y el aprobado de forma unánime por el Senado hace dos semanas.

El debate celebrado en la Cámara Baja ha sido presenciado desde la tribuna de invitados por asociaciones de mujeres y víctimas de violencia. Junto con ellas, estaba Ruth Ortiz, exmujer de José Bretón, quien asesinó a sus hijos como venganza hacia ella. Precisamente, la última medida incorporadas al acuerdo a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos, e considerar como víctima de violencia de género a las madre cuyos hijos han sido asesinados por sus padres.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha señalado los avances que este pacto traerá en la lucha contra esta lacra y ha valorado que entre los grupos que han elaborado el documento "hayan primado el acuerdo". Además, ha ratificado el compromiso del Gobierno de trabajar con los organismos correspondientes para poner en marcha estas medidas en autonomías y municipios. "No vamos a descansar un minuto", ha declarado Montserrat, que ha calificado el acuerdo de "histórico".

Por su parte, la presidenta de la subcomisión creada en Congreso para lograr este pacto, la diputada socialista Pilar Cancela, ha agradecido el trabajo "ingente" de los miembros de este órgano y ha dado cifras de los que significa la violencia machista en el país: 800 asesinadas desde 2003 (909 hasta la fecha, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género); 37 mujeres y 6 niños asesinados en lo que va de 2017 y más de 134.000 denuncias por maltrato el año pasado.

"Más del 80 por ciento de las mujeres maltratadas nunca lo denunciará" , ha advertido, antes de señalar que es "esperpéntico" que ante estos números aún se hable de conceptos como síndrome de alienación parental o denuncias falsas, "cuando éstas sólo representan el 0,18 por ciento de las interpuestas entre 2009 y 2016, según Informe de la Fiscalía General del Estado".

Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Ángeles Álvarez, se ha mostrado "orgullosa" de los logros que se podrán conseguir con este acuerdo y ha anunciado que pedirá habilitar un crédito extraordinario de 200 millones de euros para el próximo año en caso de que retrasen lo Presupuestos Generales del Estado de 2018. Además, Álvarez ha criticado lo que considera una "irresponsabilidad" por parte de Unidos Podemos. "En este acuerdo no están, ni todos los presupuestos, ni todas las medidas que nosotros queríamos", ha declarado Álvarez, dirigiéndose a la bancada morada, para señalar que "no cabe abstenerse" ante un acuerdo "beneficioso" para las mujeres.

No ha sido la única en reclamar este cambio de voto. La mayoría de los portavoces han pedido a la formación morada que reconsideraran esta postura. Una petición que, sin embargo, las portavoces en materia de Igualdad del grupo morado, Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez, rechazaron.

Ambas han subido a la tribuna para asegurar que su decisión era "crítica y responsable" porque se basa en que el Pacto, aunque "son buenas ideas" que mejorarán la situación, no solucionará un problema que consideran que se encuentra "en la médula de la sociedad". Rodríguez ha señalado que los 1.000 millones de euros en cinco años prometidos por el Gobierno, tras el reparto a las administraciones, supone unos 2.000 euros por municipio, una cantidad que considera "una vergüenza".

Además, ha denunciado que "muchas mujeres se han quedado fuera" y ha nombrado a las pobres, las transexuales o las mujeres con diversidad funcional, así como las violadas. Además, Castañón ha reprochado a los socialistas que no hayan puesto trabas a cualquie punto que supusiera la reformulación de la Ley de Violencia de Género, aprobada por su Gobierno en los años 2004.

Avances en discapacidad

El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad la Ley remitida por el Senado para la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995 que permitirá a las personas con discapacidad formar parte del mismo, que en la actualidad están vetadas.    

Con esta reforma legislativa, la Comisión de Justicia quiere adecuar la Ley de Tribunal Jurado Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, "incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos".

La actual Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, limita y restringe el derecho de participación a las personas con discapacidad y no reconoce su igualdad, una situación que los grupos parlamentarios consideran que vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución e incumple lo establecido en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
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