Hacienda estudia aprobar una subida salarial de este colectivo por encima del 1% que hay previsto para 2017

'Puerta abierta' a aumentos de sueldo mayores al 1% para sanitarios en 2018
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.


25 abr. 2017 14:00H
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El Ministerio de Hacienda y Función Pública espera la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para sentarse a negociar las cuentas de 2018, en las que prevé que se pueda aprobar una subida salarial superior al uno por ciento para los empleados públicos, entre ellos, los sanitarios (algo más de 3.000 trabajadores en total).

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, en declaraciones a los periodistas tras comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso, en las que ha indicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio “expectativas” y “muy buenas perspectivas de crecimiento económico” en la firma del acuerdo por el empleo público el pasado 29 de marzo que “podrían apoyar una subida salarial mayor a la de este año, fijada en el uno por ciento.

Collado ha indicado que todavía hay que “esperar un poco”, ya que lo prioritario por ahora es sacar adelante los PGE de 2017 para posteriormente “sentarse a negociar” con los sindicatos la variación salarial de los empleados públicos para 2018. En cualquier caso, “desde luego el ministro quiere sentarse a hablar y su deseo es intentar que las subidas salariales sean un poco mejores, claro que sí”, ha apuntado Collado.

Los PGE de 2017 solo contemplan una subida del 1%

El proyecto de Presupuestos para 2017, que la próxima semana celebrará la fase de su trámite parlamentario de debates de enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados, establece una subida salarial del uno por ciento para los empleados públicos este ejercicio.

Por su parte, los sindicatos reclaman la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del cinco por ciento que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1 por ciento en los presupuestos de 2016.

Enmiendas para una mayor subida salarial

De hecho, desde la oposición se ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios durante la comparecencia de Collado. La diputada socialista María Jesús Serrano ha recordado que los empleados públicos perdieron un 0,5 por ciento de poder adquisitivo el año pasado, ya que la subida salarial fue del uno por ciento, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,5 por ciento.

Serrano ha advertido también de que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos será “peor” este año, ya que la inflación prevista es del 2,2 por ciento, con una subida igualmente del uno por ciento. “Tras dos años desde el inicio de la recuperación siguen maltratando a los empleados públicos”, ha criticado Serrano, quien ha anunciado que desde el Grupo Socialista se presentarán enmiendas parciales a los Presupuestos encaminadas a un mayor incremento salarial y una recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.

Hacienda descarta volver a las 35 horas

Sin embargo, en cuanto a volver a las 35 horas semanales (también en sanidad), Hacienda ha descartado llevar a cabo esta medida y ha cifrado entre 800 a 1.200 millones de euros el coste de implantarla. "Existe un problema de sostenibilidad", ha asegurado Collado, aunque "todo se puede hablar".

En cualquier caso, ha recordado que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general -la misma que ya operaba para los empleados del Estado- "solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas" (en referencia a Andalucía y Asturias). Precisamente la primera comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para su empleados públicos, por lo que se ha abierto "un mecanismo de entendimiento" que si no culimina con éxito llevará al estado a presentar un recurso de constitucionalidad. 





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