ASPE advierte que el nuevo modelo "hace insostenible el sistema y dificulta la colaboración privada"

Modelo Muface | "Subir la prima hasta un 10% en dos años es insuficiente"
Carlos Rus, presidente de ASPE.


22 sep 2021. 12.20H
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La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha explicado que el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años, que está en negociación, calcula un incremento de las tarifas del 8 por ciento en 2022 y hasta el 10 por ciento en los dos próximos años. El sector sanitario privado considera insuficiente este alza con objeto de adecuar la
remuneración en la prestación de estos servicios.

Para ASPE, "las condiciones deficitarias actuales de remuneración hacen insostenible la colaboración del sector privado en una situación de grave tensión entre las tarifas del concierto y los costes tanto de la provisión de material sanitario como del mantenimiento de los profesionales adecuados".

En esta situación, y sin cerrarse un concierto sanitario en condiciones que equilibren la relación, la sanidad privada teme que, "dada la infra financiación, se produzca una concentración de servicios y prestaciones en el sector para poder tratar de contener el déficit de la cuenta, lo que podría perjudicar tanto a mutualistas como a hospitales".


Mutualismo administrativo


El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (Muface, Mugeju e Isfas), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del estudio 'Impacto del cambio de modelo de las Mutualidades'; de la Fundación IDIS, y que se deriva del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media (917 euros anuales por asegurado) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1.368 euros), en concreto 451 euros menos.

En el caso de prosperar la Proposición No de Ley de Unidas Podemos, que presentó en el Congreso de los Diputados hace días contra el actual sistema, se estima que el mayor impacto final se trasladará a la actividad asistencial pública, al tener que asumir la asistencia de cerca de 2,1 millones de mutualistas, entre funcionarios y familiares. "Esto contribuiría a agravar la situación de una sanidad ya sobretensionada, especialmente en la situación actual de pandemia".

"El aumento de la edad media de la cartera implica un aumento de siniestralidad. Este hecho, unido al encarecimiento de la prestación y a la inclusión de nuevas prestaciones, dificulta la sostenibilidad del modelo dado que la siniestralidad se aproxima o supera el 100 por cien en algunas ocasiones", señala ASPE.

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