Redacción Médica
25 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 20:00
Empresas > Privada

La privada celebra la aprobación de la nueva ley de contratos públicos

La aprobación de la norma entra en conflicto con las leyes regionales, que prohíben concesiones con entidades privadas

Cristina Contel, presidenta de ASPE.
La privada celebra la aprobación de la nueva ley de contratos públicos
Redacción
Viernes, 20 de octubre de 2017, a las 14:30
La Alianza de la Sanidad Privada Española expresó este viernes su satisfacción por la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, puesto que "prohíbe expresamente la discriminación de una entidad por razón de su forma jurídica o del ánimo de lucro". Concretamente, el artículo 132 hace referencia a los principios de igualdad, transparencia y libre competencia y establece que “en ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación.”

"En contraposición a lo pretendido por Comunidad Valenciana y Aragón, la Ley aclara que los poderes públicos no tienen libertad para organizar los servicios sanitarios articulando instrumentos no contractuales, puesto que, de acuerdo con el tenor literal de la Directiva, el artículo 11 de la Ley no excluye a los servicios sanitarios, limitándose a hacerlo con los servicios sociales", aseguran desde ASPE.

Con la publicación de esta Ley, se abrirá un "escenario en el que la normativa vigente en Comunidad Valenciana y Aragón es contraria a la Ley básica estatal, lo que supondría una infracción del reparto competencial establecido en la Constitución Española y por ende la inconstitucionalidad sobrevenida de las normas valenciana y aragonesa. Por otra parte, la transposición de la Directiva realizada por el Estado Español pone de manifiesto la vulneración de la normativa europea por parte de las mencionadas leyes, tal y como ASPE ha puesto en repetidas ocasiones de manifiesto".

"Por todo ello, ASPE reitera su apoyo a la aprobación de esta Ley que podrá poner fin a una situación de flagrante injusticia en las regiones anteriormente mencionadas, que han contravenido la Directiva europea hasta este momento, aprovechando el vacío que a este respecto presentaba la legislación española", según la nota.