Sumar presiona en el Senado para que las CCAA acaten la sanidad universal

Fue en marzo cuando el Consejo de Ministros aprobó una de las principales leyes sanitarias de 2026: el real decreto destinado a reforzar el acceso universal a la sanidad pública. La norma deroga las restricciones impuestas en 2012 y apuesta por simplificar los trámites para que las personas extranjeras “no registradas ni autorizadas como residentes” puedan acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto implica, por ejemplo, que el reconocimiento del derecho pueda realizarse mediante una “declaración responsable”, así como una flexibilización de la acreditación de la residencia habitual.

Con todo, la norma ha generado y sigue generando numerosas reacciones. La última se ha producido en la Cámara Alta, donde el Grupo Izquierda Confederal, integrado en su mayor parte por los partidos que conforman Sumar, ha registrado una moción para garantizar el acceso “efectivo” y “universal” a la atención sanitaria en España. Con ello, busca acabar con las diferencias territoriales, sorteando así la barreras administartivas de las consejería de salud y sanidad de algunas comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popupular. "Resulta necesario reforzar los mecanismos que aseguren la aplicación efectiva de la
normativa vigente en todo el territorio del Estado, respetando el marco competencial pero garantizando que el derecho a la protección de la salud se ejerza en condiciones de igualdad real y efectiva para todas las personas", sostienen.

La universalidad, centro de la atención sanitaria en España

Tal y como defiende el grupo parlamentario, la Ley General Sanitaria de 1986 ya recogía principios clave que serían la base del sistema sanitario: la universalidad y la equidad. Sin embargo, en 2012 el Gobierno del Partido Popular retiró el derecho a la atención sanitaria a ciertos grupos de población, entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular. Así, los parlamentarios explican que las consecuencias de excluir a este colectivo de la atención sanitaria son claras: “provoca situaciones de desprotección ante problemas de salud que generan desigualdades en el conjunto de la población”, argumentan. “Tampoco esta exclusión supone un uso más eficiente de los recursos sanitarios, pues impide un mejor control y seguimiento de las enfermedades a través de la atención primaria, lo que reduce las complicaciones y riesgos evitables”, añaden.

Seis años después, en 2018, un nuevo real decreto estableció el carácter universal del Sistema Nacional de Salud, reconociendo el acceso a la atención sanitaria como un derecho de ciudadanía ligado a la residencia en España y garantizando la atención en condiciones de equidad para todas las personas. Sin embargo, tras su publicación se han seguido produciendo situaciones de falta de homogeneidad en la aplicación de esta norma en los diferentes territorios. El Real Decreto 180/2026 busca ponerles fin, teniendo como finalidad reforzar y clarificar el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, especialmente para las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal, corrigiendo disfunciones previas y garantizando un acceso efectivo, homogéneo e inmediato en todo el territorio.

Izquierda Confederal busca la efectividad del real decreto de Universalidad

Desde el Grupo Izquierda Confederal defienden que la consolidación de la universalidad de la sanidad pública “no solo responde a un mandato constitucional y a una exigencia de justicia social, sino que constituye también una condición indispensable para la cohesión territorial, la salud pública y la eficiencia del sistema sanitario en su conjunto”. Sin embargo, tras la publicación de dicho real decreto, las barreras de acceso y la inequidad territorial se han mantenido, generando trabas para el acceso a la atención sanitaria de la población migrante.

Por ello, en esta moción, los partidos firmantes llaman a reforzar los mecanismos que aseguren la aplicación efectiva de la normativa vigente en todo el Estado, respetando las competencias autonóomicas pero, a su vez,  garantizando que el derecho a la protección de la salud se ejerza en condiciones de igualdad real y efectiva para todas las personas.