El Gobierno de coalición se encuentra abonando el terreno para conseguir que las
indemnizaciones a investigadores en formación sean una realidad. Su idea es incluir dicha prestación en el articulado de la
Ley de Ciencia, cuya tramitación se encuentra en estos momentos en el Senado.
Como primer paso, PSOE y Unidas Podemos han presentado una
Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Una declaración de intenciones más que un paso legislativo. Y es que, más allá de la fuerza jurídica que pueda tener el documento, menor que una Proposición de Ley, la propuesta pretende "reflejar la
voluntad del Gobierno de encontrar una solución en la próxima Ley de Ciencia", según declaran a
Redacción Médica fuentes de la formación morada.
El texto, en concreto, habla de modificar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para que el personal investigador predoctoral acceda al
derecho a indemnización por finalización de contratos en los contratos predoctorales.
El sistema actual de contrato predoctoral, amparado por el artículo 21 de dicha norma, permite realizar tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y la
realización simultánea de la tesis doctoral con acciones de formación dentro de un grupo de investigación mientras se realiza la carrera académica hasta conseguir el título de doctorado.
El periodo de estos contratos no debe ser
ni inferior a un año ni superior a cuatro y finaliza cuando concluye la etapa académica y no implica terminar con una relación contractual con ausencia de indemnización.
Pese a tener un carácter formativo, este contrato no se encuentra tampoco dentro de las excepciones del
Estatuto de los Trabajadores, en el que se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a percibir una indemnización con carácter general, exceptuando aquellos contratos de interinidad o formativos. Al no estar recogida la figura predoctoral tampoco se reconoce el derecho a percibir resarcimiento derivado del cese o finalización de su contrato.
Adaptación del marco contractual a científicos en formación
Este escollo legal ha sido origen de
conflictos que han llegado incluso al Tribunal Supremo. Pese a ello, ambas formaciones ven motivos fundados para determinar que la solución a esta situación de diferenciación de trato requiere de una regulación expresa en la ley".
Consideran necesario por ello adaptar el "marco contractual y garantizar los derechos laborales en nuestra legislación", adaptando, en paralelo, los principios generales del Derecho de la Unión
Europea.
La pérdida de talento, la precariedad y la inseguridad han sido factores recurrentes en esta década debido, según ambas formaciones, a la ausencia de indemnización de nuestros investigadores, sumado a la inseguridad laboral y precarización de los contratos como consecuencia de los recortes y limitaciones de las tasas de reposición.
"Alcanzar altas cotas de investigación, innovación y transferencia del conocimiento en nuestro país requiere de un fortalecimiento del sistema público de I+D+i que garantice la estabilidad de la financiación y la mejora de las condiciones laborales de nuestro personal investigador".
La propuesta de indemnizar a predoctorales fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos en relación al desarrollo del Estatuto del Personal Investigador en Formación. El texto mencionaba explícitamente "la indemnización al final del contrato" como una de las medidas a incorporar en la nueva normativa a raíz de las reivindicaciones de los colectivos investigadores.
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