La formación pide impulsar la investigación relativa a estos fármacos en estudio, con efectos adversos reducidos

Podemos lleva al Congreso financiar la píldora anticonceptiva masculina
Sofía Castañón


22 dic 2021. 14.00H
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La píldora anticonceptiva para hombres promete ser una realidad en el futuro próximo. A la vista de los avances en la investigación de este nuevo fármaco, Unidas Podemos abre desde ya la puerta a su posible inclusión en el Sistema Nacional de Salud. 

A través de una Proposición No de Ley, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, propone impulsar la investigación relativa al desarrollo e implantación de anticonceptivos hormonales masculinos en España. 

Esta es, según el partido, "una de las estrategias necesarias para reducir la brecha de género en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". 

Dicha propuesta, evaluada por la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, se sustentaría, según la formación en el artículo 14 de la Constitución acerca del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Desde Unidas Podemos remarcan que la desigualdad de género en los ámbitos sexual y reproductivo discrimina a las mujeres como responsables de todo el proceso, "como sucede en lo relativo a la planificación reproductiva".

Efectos adversos reducidos en anticonceptivos masculinos


La idea de la formación es que nuestro país continúe la labor de estudios recientes como el publicado por Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology y que demuestra la baja incidencia de efectos adversos de estos fármacos. La investigación también deja patente la buena acogida de estos anticonceptivos tanto por parte de las mujeres como de los hombres.

De hecho, el partido cree que el consumo de estos fármacos haría que los varones (a nivel transcultural) tuvieran una mayor implicación en la planificación familiar "si se sintieran apoyados con la disponibilidad de métodos anticonceptivos masculinos". 

El partido considera que, en base a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, es una "obligación del Estado garantizar el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica". La desigualdad en derechos reproductivos es reconocida igualmente a nivel internacional a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

"Estos nuevos métodos que son seguros, efectivos, reversibles, fáciles de usar e independientes del coito son necesarios para satisfacer de manera equitativa las diversas necesidades y limitaciones de una población cada vez más diversa", sostienen la formación, en pos de una población "más concienciada con la necesidad de erradicar la brecha de género en todas las esferas de la vida". 

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