Gobierno y Podemos constituyen la comisión de "desprivatización sanitaria"

El grupo Unidos Podemos y el Gobierno han puesto en marcha este 26 de noviembre, la "Comisión de desprivatización sanitaria", integrada por la representantes del grupo parlamentario, Amparo Botejara, portavoz de Sanidad en el Congreso, Patricia Lacruz, directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco, Secretario General de Sanidad del Ministerio; así como expertos y expertas sanitarios designados para esta mesa, tanto por Gobierno como por Unidos Podemos.

Esta comisión estudiará en los próximos meses la situación de progresiva privatización que ha sufrido la sanidad pública en España durante los últimos años, con el objetivo de definir líneas y estrategias que puedan revertir la situación.

Externalización de servicios

"La ley 15/1997 impulsada por el Partido Popular permitió abrir la puerta a la privatización de los centros sanitarios. Desde entonces se han externalizado los servicios y la gestión de multitud de hospitales, implantando la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública, en la que por contra se han realizado unos recortes brutales", explica la portavoz de Sanidad de Unidos Podemos, Amparo Botejara.

El compromiso de constituir una mesa que estudie la situación de privatización sanitaria que vive nuestro país fue un compromiso que Unidos Podemos logró arrancarle al Gobierno el pasado 11 de octubre, en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019.

Ya en noviembre, representantes del grupo de Podemos se reunieron con la ministra de Sanidad para trasladar sus exigencias en materia sanitaria, entre las que destaca la opción de 'nacionalizar' la fabricación y distribución de fármacos de forma excepcional, cerrar las puertas a los copagos, el Fondo de Garantía Asistencial y  la gestión del Real Decreto 7/2018 de Universalidad. 

"La excusa de la crisis económica ha sido utilizada en los últimos años por el Partido Popular para justificar los recortes y debilitar la sanidad pública, pero ahora sabemos que el verdadero motivo era propiciar la progresiva privatización del sistema para su propio beneficio, y en detrimento de los derechos de la ciudadanía", sentencia Botejara.