García defiende un parto "sin retrocesos" contra la violencia obstétrica

Mónica García aboga por “garantizar el pleno ejercicio de los derechos reproductivos” en todo el territorio nacional actualizando la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, algo en lo que ya está trabajando el Gobierno, según ha dicho durante el pleno del Senado este martes. La ministra de Sanidad ha respondido a la pregunta de la senadora de Bildu Olaia Duarte, que, a pocos días del 8 de marzo, ha aludido a la “obligación institucional y política” de “avanzar hacia el reconocimiento de este tipo de violencia machista con medidas concretas”, poniendo como ejemplo las leyes ya impulsadas al respecto en Portugal y en Chile. García ha compartido la necesidad de que “el embarazo, el parto y el posparto sean atendidos de forma segura, de forma respetuosa y centrada sobre todo en la autonomía, las decisiones y las necesidades de cada una de las mujeres”: “Desde el Ministerio de Sanidad vamos a seguir trabajando para que los derechos reproductivos sean una realidad en todo el territorio, sin retrocesos y sin excepciones”.

Duarte ha recordado que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU ha emitido, hasta la fecha, tres dictámenes sobre violencia obstétrica dando la razón a sendas mujeres españolas que habían denunciado “prácticas o actitudes médicas” que ignoraron sus “derechos, decisiones, autonomía y necesidades”: “No estamos hablando de un error médico ni de una experiencia subjetiva e aislada, sino de vulneraciones vinculadas al control histórico de los cuerpos reproductivos de las mujeres. Hablamos de intervenciones innecesarias con consecuencias para la salud física, de inducciones no justificadas, de programaciones de parto dependiendo de los días festivos del calendario más que de las necesidades físicas, separaciones inmediatas del bebé y procedimientos similares”.

Ese tipo de violencia, según la senadora de Bildu, “ha sido naturalizada e invisibilizada durante muchas generaciones”, aunque “hoy en día, gracias al feminismo”, es “un concepto cada vez más escuchado y presente en temas de conversación coloquiales, en medios de comunicación o en círculos profesionales”. Y aunque ha reconocido que la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva ya “medio menciona esta realidad”, ha lamentado que ello “no es suficiente”: “Hay datos que nos hablan de que casi el 40% de las mujeres que han vivido un parto en los últimos años en el Estado español dicen haber sufrido este tipo de violencia obstétrica”.

Avances y objetivos contra la violencia obstétrica

La ministra ha lamentado ese tipo de casos, si bien ha indicado que, en los últimos años, España ha dado “pasos importantes” en pos de la erradicación de ese tipo de prácticas: “Hoy tenemos más protocolos que apuestan por un parto respetado, por reducir esas intervenciones que no aportan ningún beneficio y por favorecer el acompañamiento en todo momento. También hemos reforzado la información y el consentimiento. Cada vez más hospitales trabajan con planes de parto y con modelos de decisiones compartidas, donde la mujer participa activamente y entiende qué es lo que se le propone y por qué”.

García también ha resaltado el crecimiento del “liderazgo de las matronas” y de “la confianza de las mujeres en los profesionales que les van a asistir durante el parto”: “Ese es el camino”, ha dicho, aunque no ha negado que “todavía hay mucho margen de mejora”: “Tenemos que seguir avanzando”: “Igual que estamos trabajando también en garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho efectivo, seguro y calidad y que se dé en la pública, debemos seguir avanzando para que el embarazo, el parto y el posparto sean atendidos de forma segura, de forma respetuosa y centrada sobre todo en la autonomía, las decisiones y las necesidades de cada una de las mujeres”.

Para la ministra de Sanidad, es necesario “desterrar aquellas prácticas que no aportan ningún beneficio clínico, que limitan la autonomía y que no han mejorado los resultados en salud, siempre desde la mejor evidencia científica, desde la información, desde el compromiso y desde la toma de decisiones compartidas entre los profesionales y las mujeres”. El objetivo del Gobierno, según García, es “maximizar la seguridad de la madre y del bebé, garantizar la mejor calidad asistencial” y reforzar “la autonomía de todas las decisiones que estén relacionadas con la salud reproductiva y con los cuerpos de las mujeres”.