Miguel Ángel Vargas, Paula Fernández y Raúl Pesquera.
El Parlamento de Cantabria ha tenido un papel fundamental
este martes en el Congreso de los Diputados. Y es que tres representantes de la política autonómica han sido los protagonistas de la sesión plenaria de esta misma tarde.
Miguel Ángel Vargas (Partido Popular),
Paula Fernández (Partido Regionalista de Cantabria) y
Raúl Pesquera (Partido Socialista) han defendido en el arco parlamentario de forma conjunta la toma en consideración en la Cámara baja de la proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep).
Una propuesta que plantea acabar con los grupos profesionales A1, donde se incluye a
médicos y farmacéuticos, entre otros, y A2, exclusivo para las enfermeras y fisioterapeutas en el ámbito sanitario. Una doble vertiente clasificatoria que tiene sus orígenes en la reforma del
Plan Bolonia, que acabó con las diplomaturas y las licenciaturas fusionando ambos conceptos en lo que conocemos como grado. El problema es que dicho cambio todavía no ha sido reconocido a nivel legal en las escalas profesionales, por lo que las enfermeras y los fisioterapeutas son considerados A2 cuando son graduados.
La votación en el Congreso de los Diputados a la proposición cántabra ha obtenido
155 votos a favor, 33 votos en contra y 156 abstenciones. Así, se ha tomado en consideración la vía de estudiar la posibilidad de
modificar el artículo 76 del Trebep, unificando en
un solo grupo A al A2 y al A1. Eso sí, se trata de un cambio legal que reconocería
las titulaciones de 6 años, como Medicina, con un plus.
Consenso cántabro por el grupo A único en Enfermería
El primero en intervenir ha sido
Miguel Ángel Vargas, diputado autonómico del PP en Cantabria. Durante su turno de palabra, ha recordado que el Plan Bolonia, a raíz de su implantación, "generó esta desigualdad". "Hay profesionales que están desarrollando
competencias de A1 siendo A2", ha afirmado. Aunque ha apoyado la propuesta, ha advertido: "La proposición de ley propone una solución, pero puede generar daños en carreras que duran lo mismo y están en distintos grupos".
Por su parte, la candidata electoral del PRC y pionera de la iniciativa parlamentaria,
Paula Fernández, ha puesto en valor "el consenso conseguido en Cantabria para pedir justicia". "Mejorar la salud es reconocer a quienes nos cuidan. La clasificación profesional actual es obsoleta.
No puede haber graduados de primera y de segunda", ha señalado.
Además, ha reiterado que "esta iniciativa no va contra nadie", sino que "ordena, organiza y pone a cada uno en su sitio". Algo en lo que ha coincidido el parlamentario regional del PSOE Raúl Pesquera, quien ha subrayado que es
una propuesta "buena para todos".
Ha criticado que se siga reconociendo a licenciados en los grupos A1 y A2 y que se mentenga a "la Fisioterapia y a la Enfermería en el A2". "La Enfermería supone el 30 por ciento de nuestros Servicios de Salud.
Es de justicia que demos un paso adelante", ha añadido.
Pleno parlamentario con ciertos peros
En cuanto al turno de posicionamiento, la diputada del Grupo Mixto (Podemos)
Noemí Santana ha sido la primera en dejar claro su voto a favor de la iniciativa cántabra. No obstante, ha dejado claro que, si se aprueba, se tendrían que tener en cuenta ciertas concreciones.
"Vamos a pedir que se implante de forma gradual e integral, que no haya desigualdades entre interinos y profesionales de carrera, que no haya más carga de trabajo sin reconocimiento económico, que los puestos de responsabilidad se sometan a un control y que se establezca un seguimiento anual sobre
el impacto de la reclasificación en salario y condiciones laborales", ha detallado.
Quien también ha mostrado su apoyo ha sido el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV)
Mikel Legarda, aunque ha hecho hincapié en la necesidad de "estudiar la propuesta" y, sobre todo, "estudiar el impacto económico y presupuestario" de la misma. En concordancia con el parlamentario de Euskadi, la portavoz sanitaria de Sumar,
Alda Recas, ha recordado que "ya hay un proyecto de ley en Función Pública que se está tramitando".
De todas maneras, ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de que se reconozca a las enfermeras como A1. "Llevamos más de 25 años reivindicando estas cosas", ha apuntado. Aun así, ha mencionado que muchos de los cambios que se plantean con la modificación del reconocimiento de grupo deben quedar reflejados en el
Estatuto Marco: "Cambiará la vida del 95 por ciento de los sanitarios".
Según el parlamentario socialista
Pablo Antuño, se trata de "una deuda de justicia nacional". "Este Gobierno siempre estará del lado de quienes quieren mejorar sus condiciones laborales", ha anotado.
Un poco más ambigua ha sido la diputada popular
María de los Llanos. "Esta cuestión debería ser abordada por el Gobierno de la Nación", ha comenzado su intervención. Aparte de puntualizar que la reforma planteada debe abordarse en "la Ley de Función Pública, que está paralizada", ha señalado que lo que se necesita es "un nuevo Estatuto Marco que regule las nuevas clasificaciones". Aunque el actual,
"no da respuesta a las necesidades actuales".
La oposición al documento ha sido protagonizada por el diputado de Vox
Jose María Sánchez. "Estamos en contra de aceptar que esta reforma de carácter general suponga que se encuadren en un cuerpo único A los miembros de cuerpos y escalas cuyas pruebas para ingresar en tales cuerpos son muy distintas. Es contrario al principio de carrera", ha justificado.
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