El Gobierno blinda a los sanitarios que denuncien casos de corrupción

Los sanitarios podrán informar a partir de ahora de manera anónima sobre casos de corrupción que hayan detectado en su entorno de trabajo sin temor a sufrir represalias por parte de sus superiores. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Reguladora de la Protección de los Informantes para blindar este derecho y adecuarse a la normativa europea.

“Cualquier funcionario público podrá informar de actuaciones, operaciones o subvenciones que sean sospechosas y la legislación tiene la obligación de ofrecerle una protección frente a cualquier represalia, tanto a él como a su propio entorno”, ha explicado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al encuentro del Gobierno.

La principal novedad del texto legislativo, que todavía tiene que superar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, es la creación de una nueva autoridad administrativa independiente que se encargará de recibir la información de los trabajadores para “suplir los huecos de nuestro país en materia de lucha contra la corrupción”. Un mecanismo al que podrán acudir tanto los trabajadores públicos como los empleados del sector privado. 

El Ministerio de Justicia ha fijado dos nuevos cauces para realizar el proceso: uno de carácter interno dentro de cada centro de trabajo y otro externo con la nueva figura. Las grandes empresas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones públicas o municipios estarán obligados a contar con un sistema propio de información.

“Se prevén condiciones de protección al informante, prohibiendo cualquier acto constitutivo de represalias, con un elenco de conductas en el texto del proyecto de ley”, ha aclarado Llop.

Multas de 1 millón de euros por engañar a la Justicia

A pesar de que la normativa persigue proteger a los informantes, la nueva ley sí que contempla una horquilla de sanciones para aquellos funcionarios que formalicen denuncias falsas siendo conscientes de ello. Las sanciones a título particular irán desde los 1.001 hasta los 300.000 euros, mientras que para las empresas oscilará entre 10.001 y 1.000.000. Los acusados también podrán recibir penalizaciones como la prohibición de subvenciones o de participar de beneficios fiscales.

“Incorporamos mecanismos que evitan conductas espurias que pueden querer usar la ley para dañar a cualquier persona del sector público o privado”, ha agregado la ministra de Justicia, que espera variaciones en el texto con las aportaciones que realizarán los grupos parlamentarios en el Congreso.

El Gobierno ha dado este paso adelante para apuntar los objetivos de lucha contra la corrupción que se habían fijado en su agenda para el proceso 2020-2024. Así, también se adaptará el ordenamiento jurídico español a una transposición de la Unión Europea que todavía tienen que incorporar la mitad de los estados miembro del bloque comunitario.