Aprobada la ley que fiscalizará las estrategias sanitarias del Gobierno

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas, después de haber sumado a su articulado una última enmienda procedente del Senado. La nueva normativa permitirá el desarrollo de una agencia estatal independiente que se encargará de supervisar cualquier programa o plan estratégico desarrollado por el Gobierno para garantizar que cumple con los criterios de “eficacia y eficiencia”. Una decisión que incidirá directamente sobre las iniciativas sanitarias.

El proyecto de ley ha salido adelante con una amplia mayoría de 276 votos a favor, 51 en contra y 15 abstenciones, que es el resultado de varios meses de deliberaciones en las dos cámaras, después de que la norma recibiera luz verde del Consejo de Ministros en mayo. El principal objetivo es que a partir de ahora la ciudadanía cuente con más herramientas para analizar el impacto de las políticas sanitarias, más allá del enfoque presupuestario o vinculado al gasto.

“Evaluar las políticas sanitarias tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las personas”, ha expuesto en el Congreso la diputada del grupo socialista Gema López, quien ha situado el impulso del “estado del bienestar” como una de las claves que han motivado la redacción de la norma. “Nos situamos en la vanguardia”, ha agregado.

La nueva ley tiene como objetivo la fiscalización de las políticas de la Administración General del Estado (AGE), lo que dejará fuera del alcance la gestión sanitaria de las comunidades autónomas, que se circunscribirá a sus respectivos organismos de actuación. La nueva norma sí que condicionará la agenda política del Ministerio de Sanidad, que actualmente trabaja, por ejemplo, en la Estrategia sobre Política Farmacéutica que definirá las competencias en el sector.

Informes obligatorios para políticas sanitarias

La gran novedad que aporta la normativa es que todos estos programas estratégicos ahora deberán contar con un Informe de Evalabilidad en el se verificará “la calidad y precisión del diagnóstico realizado, la viabilidad, coherencia y consistencia del diseño elaborado, la claridad, suficiencia y accesibilidad del sistema de información y evaluación previsto, así como si existen suficientes capacidades, recursos y compromisos para que la evaluación pueda implementarse”.

Lo que finalmente ha quedado fuera del campo de actuación de la nueva Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas son los aspectos presupuestarios. Los acuerdos en materia de enmiendas han servido para blindar el papel que actualmente tiene tanto el Tribunal de Cuentas como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para emitir resoluciones sobre el gasto público.

La aprobación de la ley permitirá además al Gobierno cumplir con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para el despliegue de los Fondos Europeos de Recuperación, así como incorporar al debate de las políticas públicas enfoques como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el reto demográfico o la perspectiva generacional que se fiscalizarán desde ahora. “Es un cambio total de paradigma que mejora la calidad democrática de nuestro país”, ha apostillado la parlamentaria socialista.