Más peso enfermero y agilidad burocrática en el nuevo manual de eutanasia

El nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia elaborado por el Ministerio de Sanidad incorpora a la enfermera como “figura de referencia” dentro del equipo asistencial encargado del procedimiento previsto en la ley. Además, se amplían a hasta seis meses los plazos de aplazamiento de la solicitud, se incluyen nuevos aspectos sobre suspensión y caducidad, se agilizan trámites burocráticos y se otorga mayor seguridad jurídica al proceso. Es una de las principales novedades del documento, que actualiza la versión de 2021 -precisamente cuando entró en vigor la Ley de Eutanasia- y que se quedó pendiente de aprobación el pasado viernes. Aunque el asunto formaba parte del orden del día del Consejo Interterritorial, el debate sobre la huelga médica monopolizó la sesión, por lo que tanto esta como el resto de cuestiones previstas se abordarán en la sesión del 9 de abril.

El Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia es el instrumento técnico de referencia para aplicar de manera uniforme todas las garantías previstas en la ley homónima. Su actualización coincide con el punto final del caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años con una paraplejia irreversible que murió el pasado jueves, dos años después de haber solicitado la eutanasia.

Los diversos recursos judiciales de su padre, que sostenía que su hija tenía problemas psicológicos, retrasaron el proceso a pesar de que la petición de Noelia recibió en 2024 el visto bueno de la Comisión de Garantía y Evaluación. El Parlament catalán ha comenzado a tramitar una propuesta para reformar la ley y evitar demoras derivadas de procesos judiciales, y el pasado viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, abrió la puerta a estudiar posibles “fugas” de esta índole en la Ley de Eutanasia.

Humanización del entorno asistencial

De momento, Sanidad se ha basado en la experiencia acumulada de más de cuatro años aplicando la norma para elaborar el manual de 2026 con la colaboración de profesionales sanitarios, las Comisiones de Garantía y Evaluación, expertos y la sociedad civil. Según ha podido saber Redacción Médica, el documento pone el foco, entre otras cosas, en la humanización del entorno asistencial.

De ahí que se otorgue una mayor importancia a la figura de la enfermera, cuyas funciones dentro del equipo encargado del proceso incluyen apoyo informativo y acompañamiento a la persona solicitante de la eutanasia, lo cual implica preparar el entorno y el material necesario, además de ejercer los cuidados y las tareas propias de su competencia. Pero también se destaca el papel de la Enfermería en la valoración y apoyo a los cuidadores y familiares, así como en la orientación sobre los recursos disponibles para el acompañamiento en el duelo.

El manual también incorpora una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo -que ya existen en varias comunidades autónomas-, para asegurar un funcionamiento homogéneo en la aplicación de la ley. Estas unidades actúan facilitando información a la ciudadanía, apoyo operativo a los profesionales y coordinación con los servicios de salud.

Más garantías en los tiempos del proceso asistencial

Por otro lado, el manual clarifica y unifica los criterios relativos a los tiempos del proceso asistencial. Una vez reconocido el derecho a la prestación, el paciente podrá solicitar un aplazamiento de hasta seis meses, cuando hasta ahora el periodo no era superior a uno o dos meses. El documento también incluye la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente. Si el trámite se detiene por cuestiones ligadas al propio solicitante y pasan tres meses sin que se reactive, la Comisión podrá cerrar y archivar el expediente, previa notificación al interesado. No obstante, ello no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro.

Teniendo en cuenta que, según datos basados en la experiencia clínica, un 33 por ciento de los casos presentan riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento, el documento recomienda una tramitación abreviada para los casos más urgentes. Es decir, se permite reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales.

También se ha actualizado la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, que, tras la reforma legal de 2022, permite incluir en el documento de instrucciones previas la ayuda para morir como un apartado específico y oficial. Lo que se pretende es garantizar que la voluntad del paciente conste de forma clara e inmediata en su historial, eliminando posibles inseguridades administrativas.

La nueva edición del manual refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos de la documentación. Con esta medida se busca proporcionar la máxima seguridad jurídica y agilidad administrativa a las familias y evitar obstáculos burocráticos como la pérdida de pólizas de seguros de vida, dificultades en los trámites con los servicios funerarios o complicaciones en los procesos de herencia.

Para asegurarlo, en el documento se recomienda a las administraciones que garanticen la disponibilidad de los certificados de defunción para que los médicos puedan tramitarlos de forma ágil y sin demoras.

El manual, además, incluye un apartado específico sobre la donación de órganos, adaptado a los protocolos vigentes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para, así, garantizar que se ofrezca esta opción de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia. Asimismo, se refuerzan las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Los centros sanitarios deberán asegurar que toda la información y los procesos deliberativos estén disponibles en formatos accesibles, como lectura fácil, Braille, pictogramas o mediante intérpretes de lengua de signos.

Más prevención y abordaje de la fragilidad en personas mayores

Otro de los asuntos que se quedaron en el tintero el pasado viernes y se abordarán el 9 de abril es la actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor. Según los datos del documento, la fragilidad afecta aproximadamente al 18 por ciento de las personas mayores, si bien aumenta de forma significativa con la edad hasta alcanzar entre el 18 por ciento y el 38 por ciento en mayores de 85 años. Es más frecuente en mujeres. Esta circunstancia supone un coste estimado de 2.500 euros anuales por persona, el doble que en población sin fragilidad.

Por su parte, las caídas se consideran un problema de salud pública de primer orden. En torno al 30 por ciento de las personas mayores de 65 años sufre al menos una caída al año, y entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de esas caídas provoca fracturas. En España, son la primera causa de muerte por causas externas, con más de 3.000 fallecimientos anuales en este grupo de edad. Además, cerca del 40 por ciento de las personas que sufren una fractura de cadera no recupera su nivel funcional previo, lo que incrementa la necesidad de cuidados y el uso de servicios sanitarios y sociales.

Para mejorar la prevención y el manejo de la fragilidad, en el documento se aboga por el abordaje conjunto de ambos problemas y se refuerza la detección precoz mediante la captación activa de personas de 70 años en adelante desde Atención Primaria y el ámbito comunitario, incluyendo centros sociosanitarios, farmacias y servicios sociales.

El modelo estratifica los casos en cuatro niveles de riesgo -bajo, medio, alto y muy alto- para adaptar las intervenciones y el seguimiento a cada persona, basándose en un enfoque multidominio e individualizado que incluye ejercicio físico multicomponente, recomendaciones nutricionales, revisión de medicación y revisión de riesgos en el hogar, en el marco de la Valoración Geriátrica Integral. En la misma línea, se refuerza la coordinación entre niveles asistenciales y sectores impulsando una atención integrada y centrada en la persona.

La intención es que, al menos, la mitad de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas hayan implantado el programa a lo largo de 2027. Es uno de los objetivos previstos en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.