Luz verde a la distribución de fondos decomisados para lucha antiadicciones

El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados para el ejercicio 2026. Esta decisión se adopta a propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad, del Interior, de Hacienda y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Fondo, de naturaleza finalista, se compone del producto de bienes y sanciones obtenidos en procedimientos penales por narcotráfico, contrabando y delitos conexos, y su objetivo es apoyar programas que contribuyan a la reducción de la demanda y del tráfico de drogas, así como a la cooperación internacional en estas materias.

La propuesta de criterios, acordada por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones establece la financiación de programas de:

• Prevención de toxicomanías y otras adicciones, con especial atención a colectivos vulnerables y a las nuevas formas de consumo.
• Asistencia a personas con adicciones, incluyendo atención sanitaria, salud mental e inserción social y laboral.
• Formación de profesionales y voluntariado en el ámbito de las adicciones.
• Investigación, sistemas de información y vigilancia epidemiológica.
• Cooperación internacional, intercambio de buenas prácticas y mejora de capacidades operativas.
• Adquisición de equipamientos, medios materiales y tecnológicos por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Especial Antidroga.

Además, se contempla la posibilidad de financiar actuaciones de carácter interdisciplinar o urgente, siempre en el marco de los fines previstos legalmente y alineadas con la Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus Planes de Acción.

28,6 millones de fondos en 2025

Durante el ejercicio anterior, se asignaron un total de 28,6 millones de euros con cargo al Fondo. De esta cantidad, 13,85 millones se destinaron a programas de reducción de la demanda, canalizados a través de las Comunidades Autónomas (8,2 millones), Corporaciones Locales (4,5 millones), ONG de ámbito estatal y entidades como la FEMP (450.000 euros), además de proyectos internacionales y actuaciones promovidas directamente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En paralelo, se destinaron 12,3 millones de euros a programas orientados al control de la oferta, con actuaciones lideradas por el Ministerio del Interior, la Agencia Tributaria, la Fiscalía Especial Antidroga y otros organismos públicos.

Por último, se reservaron 2,5 millones de euros para la gestión administrativa del propio Fondo. Esta estructura de reparto, que se mantiene en sus líneas generales, refleja la voluntad del Gobierno de articular una respuesta integral y equilibrada entre la prevención, la atención social y la represión del delito.