El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.
El Ministerio de Sanidad también intentará debatir en el Consejo Interterritorial, a la segunda, el Documento de consenso para el abordaje de la
Enfermedad Renal Crónica (ERC), dentro de la Estrategia de Cronicidad impulsada por el área de Calidad Asistencial, que depende de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. La intención, según la información consultada por
Redacción Médica, es impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona,
favoreciendo así el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario desde la equidad.
Mónica García ya dio algunas claves del documento a mediados de marzo, durante un
acto institucional por el Día Mundial del Riñón 2026. La idea, al igual que ocurría con el nuevo
Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia y la
Estrategia de Cuidados Paliativos, era votarlo en el pleno del Consejo Interterritorial del pasado viernes que, finalmente, se convirtió en un
monográfico sobre la huelga de varios sindicatos médicos contra el Estatuto Marco.
La ERC afecta a más de cuatro millones de personas, que representan más de 10 por ciento de la población adulta, y con frecuencia se presenta en pacientes con otras patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Para Sanidad, esa circunstancia
refuerza la necesidad de un abordaje integral y coordinado. Además, suele cursar sin síntomas en sus fases iniciales, lo cual conlleva un elevado nivel de infradiagnóstico y retrasa el inicio de tratamientos que podrían frenar su progresión. Todo ello se traduce en un impacto económico considerable: actualmente, las ERC representan en torno al 5 por ciento del gasto sanitario total.
Los cuatro ejes del plan para la Enfermedad Renal Crónica
El plan de desarrollo que se propondrá a las comunidades autónomas establece medidas concretas para transformar la atención sanitaria que se dividen en cuatro ejes:
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Detección precoz en población de riesgo: se priorizará el cribado anual (mediante análisis de sangre y orina) en personas mayores de 60 años y en pacientes con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares.
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Mejor coordinación asistencial: se definen criterios claros para la derivación de pacientes desde Atención Primaria a especialistas (Nefrología, Medicina Interna o Geriatría) y se apuesta por potenciar las e-consultas para reducir los tiempos de espera.
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Tecnología al servicio del paciente: se integrarán sistemas de alerta automática en las historias clínicas electrónicas para ayudar a los médicos a identificar casos de riesgo y ajustar las dosis de los medicamentos según la función renal de cada persona.
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Fomento del autocuidado: se impulsarán programas educativos y la toma de decisiones compartida, involucrando activamente a las asociaciones de pacientes para que las personas tengan un papel protagonista en el cuidado de su salud.
En el documento, fruto del trabajo conjunto de comunidades autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, se insiste en la
necesidad de pasar de un modelo reactivo a uno proactivo y preventivo, en tanto en cuanto la detección temprana no sólo mejora el pronóstico del paciente, sino que también ayuda a contener el impacto social y ambiental asociado a los tratamientos más avanzados, como la diálisis.
La aplicación de las medidas se evaluará anualmente mediante indicadores específicos, como el porcentaje de pacientes en riesgo que reciben su revisión anual o la reducción del uso de fármacos potencialmente perjudiciales para el riñón.
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