De fruta a legumbres: 'en cocina' la ley contra la desnutrición en el SNS

Cerca de tres de cada diez pacientes de hospital o residencias se encuentran en riesgo de desnutrición, según los datos que maneja el Gobierno. Esta problemática no tiene solo un componente social sino también económico, dado que una persona que ingresa con síntomas de una mala alimentación ‘cuesta’ al sistema alrededor de 1.500 euros más. Esta cifra se puede llegar a doblar si la desnutrición se produce en el propio centro. “Vivimos en una sociedad en la que no está garantizado el comer bien en los lugares donde tenemos a la gente más vulnerable”, asume la ministra de Sanidad, Mónica García, que, de la mano del departamento de Derechos Sociales (con Pablo Bustinduy al frente), ultima un real decreto para garantizar la comida saludable en los hospitales y residencias. La premisa es básica: más verdura, fruta y legumbres y menos ultraprocesados, como galletas o fritos. “Queremos que los profesionales de la sanidad se involucren”, ha manifestado García. El Ejecutivo espera que la norma cristalice “pronto”, aunque ahora entrará en fase de audiencia pública.

Tanto García como Bustinduy han presentado en sede ministerial las claves de este real decreto que ve la luz apenas un mes después de que hiciera lo propio otro destinado a garantizar que todos los niños tengan cinco comidas saludables a la semana en las escuelas.

La naturaleza es la misma, aunque en este caso aplicada a los hospitales y residencias. “Es un clamor social que hay que atender”, ha manifestado el ministro de Derechos Sociales. Bustinduy ha incidido en que la norma se encuentra en fase previa, pero que esta se apoyará en una serie de objetivos ya “diagnosticados”. 

El horizonte no es otro que garantizar que todas las comidas servidas en los centros que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales “se asienten en las recomendaciones dietéticas de alimentación saludable y sostenible para todos los grupos de edad y ajustándose a los contextos pertinentes”, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sector público, apunta Sanidad, es responsable “de una gran oferta de alimentos y bebidas y es fundamental que este gasto público se realice atendiendo a estándares lo más alto posibles, en base a criterios nutricionales orientados al fomento de una alimentación y sostenible”.

En este sentido, Mónica García ha hecho hincapié en que una buena alimentación “no es un lujo, sino una necesidad” aún “más presente cuando alguien está enfermo”. “No solamente se retrasa el dar de alta a los pacientes, sino también la cicatrización, el bienestar y una serie de procedimientos clínicos que no nos podemos permitir en este momento”, ha subrayado.

Impacto económico positivo del plan

Tanto García como Bustinduy han incidido en que aún hay que “recabar los datos y análisis” para conocer el impacto económico del plan, que, en cualquier caso, defienden que será positivo en el medio y largo plazo. “Reemplazar procesados, frituras, bebidas azucaradas por fruta de temporada, legumbres y verdura, lejos de incrementar el precio lo que hace es reducirlo”, han destacado. “Por eso, este decreto redunda en lo social y en lo económico”.

La iniciativa también responde al llamamiento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo a los gobiernos en 2021 para que sus políticas públicas promovieran una alimentación saludable en los establecimientos públicos. El objetivo de la OMS es reducir la prevalencia de enfermedades evitables relacionadas con la dieta. Según este organismo, las enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de muerte de al menos 43 millones de personas en 2021, lo que equivale al 75 por ciento de las defunciones (sin tener en cuenta las debidas a la pandemia en ese año). En España, el 54% de la población española, según la Encuesta Europea de Salud en España, sufre algún tipo de enfermedad crónica, sobre todo hipertensión y colesterol elevado.

El decreto, en audiencia pública

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha lanzado ya a consulta pública el real decreto. En este documento se hace hincapié en que entre los factores de riesgo comportamentales que aumentan el riesgo de sufrir una de estas enfermedades destaca la alimentación poco saludable, incluido el consumo excesivo de sal, azúcar y grasas. Así mismo, las dietas deficientes nutricionalmente se han convertido en uno de los principales factores de riesgo, especialmente aquellas dietas que son altas en sal y bajas en cereales integrales, frutas, vegetales, semillas, frutos secos y ácidos grasos omega 3.

“Por tanto, la justificación de esta norma descansa en la necesidad de reducir la carga de estas enfermedades en el medio plazo, así como los factores de riesgo comunes a nivel personal y social, apoyando a las diferentes instituciones para una estrategia holística que ponga en el centro la necesidad de mejorar la calidad nutricional de la oferta de alimentos que se adquieren de forma pública o se ofrecen en centros de personas dependientes o necesidades especiales”, concluye.