Así se zanjó la huelga médica del 95: "El mediador tenía afán negociador"

Han pasado más de 30 años, pero Carlos Amaya lo recuerda con nitidez. “La huelga del 95 fue dura porque se prolongó muchísimo en el tiempo, casi tres meses indefinidos, no con paros semanales como ahora”, explica en conversación telefónica con Redacción Médica. Como secretario general adjunto de la CESM, la suya fue una de las figuras clave en aquella negociación con el antiguo Insalud para mejorar las condiciones salariales de los médicos de hospitales. Se logró, pero no fue fácil. Para desatascar la situación, ambas partes recurrieron a un mediador independiente. Lo mismo que se está intentando, por ahora sin éxito, en el actual conflicto entre el comité de huelga contra el Estatuto Marco y el Ministerio de Sanidad. El elegido entonces fue Fernando Abril Martorell, un exvicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez. “Había sido hombre clave en la Transición y tenía espíritu y afán negociador. Por eso lo aceptamos”, resume Amaya. Precisamente la “voluntad de diálogo” fue, según el neurocirujano, la clave para desconvocar la huelga general de hace tres décadas.

Pero el recurso del mediador no es el único paralelismo entre aquella pugna y la vigente en torno al Estatuto Marco. Basta una breve zambullida en la hemeroteca para constatar que la interlocución en 1995 no fue siempre fluida. La huelga comenzó el 8 de mayo. La CESM pedía al Gobierno un aumento del salario médico de 100.000 pesetas al mes para equiparar los sueldos de todos los facultativos a los de sus compañeros de Cataluña, Navarra y País Vasco. “Era un momento de grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras”, indica Amaya, que también estuvo vinculado al Sector Nacional de Sanidad de CSIF y hoy es asesor de la Asociación Clínicas sin Internamiento de la Comunidad de Madrid (Acesima).

El Insalud, dirigido entonces por Carmen García Aguayo, advirtió de que las demandas de los médicos eran “inabordables”. La primera oferta de la ministra de Sanidad, Ángeles Amador, fue de 30.000 pesetas más al mes, lo cual suponía poner sobre la mesa 3.500 millones de pesetas. Sin embargo, la CESM rechazó de plano la propuesta. “Por el único reparto de 30.000 pesetas/mes a partir de junio de 1995, pretende retribuir todos los objetivos del Insalud para 1995, incluir la jornada de tarde, la reordenación de las guardias médicas, y todo ello sin comisión de seguimiento del acuerdo”, criticó en un comunicado. El subsecretario de Sanidad, José Luis Temas, sugirió que había “intereses políticos” detrás de las movilizaciones y la ministra se refirió al conflicto como huelga “política”.

La elección de Fernando Abril como mediador

Tras más de un mes de vaivenes e interrupciones, el 21 de junio se acordó elegir a Abril Martorell como mediador. “Se buscaba un perfil independiente con la suficiente categoría profesional y política. En base a ese perfil se barajaron varias opciones”, explica Amaya. El nombre del antiguo ministro, fallecido en 1998, lo propuso Amador. No era la primera vez que el Gobierno socialista de Felipe González echaba mano del expolítico de la UCD para asuntos sanitarios de primer orden.

Avalado por sus dotes negociadoras en torno a la redacción de la Constitución y en el seno de la Moncloa, en 1990 fue nombrado presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud (SNS). De ese órgano salió, en 1991, el llamado Informe Abril, un documento con 64 recomendaciones para reformar el sistema sanitario.

Más allá de ese precedente concreto, la CESM aceptó el arbitraje de Abril Martorell en la negociación por “sus condiciones” y “su espíritu negociador”, señala Amaya. De la parte más técnica de esa mediación se encargó el economista Enrique Costas Lombardía, que precisamente fue vicepresidente de aquella Comisión evaluadora del SNS que había liderado Abril Martorell años atrás. Según Amaya, al saber hacer de estos dos hombres se sumó el compromiso de las dos partes del conflicto: “Entendimos que no había más remedio que sentarse, sobre todo por lo mal que lo estaban pasando los pacientes”. El primer día de la huelga ya hubo que aplazar casi 2.000 operaciones, y otras fuentes de la época hablaron de cerca de 100.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas a los 48 días del inicio del paro indefinido.

El Estatuto Médico, una antigua demanda

Las demandas médicas estaban claras: no sólo se pedía que se igualaran los sueldos entre comunidades autónomas, sino también que las horas de guardia se pagaran como las ordinarias, tal y como reclama el actual comité de huelga. Pero ese no es el único factor que alimenta la sensación de déjà vu. Todavía faltaban ocho años para que, en 2003, ya con José María Aznar al frente del Ejecutivo, se aprobara el Estatuto Marco que sigue vigente. En 1995, las condiciones laborales de los médicos aún estaban regidas por el llamado Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, que tenía categoría de decreto y que fue aprobado en diciembre de 1966, es decir, en pleno franquismo. Sin embargo, aun contando con un marco laboral específico, la CESM exigió a Sanidad un Estatuto Médico con rango de ley. “Es algo que siempre se ha pedido, aunque nunca se haya conseguido”, lamenta Amaya.

También se abordó la posibilidad de cambiar la relación laboral de los médicos con el SNS. “Hubo un debate importante sobre si era más interesante, incluso para el propio sistema, seguir siendo estatutarios con plaza fija o pasar a ser personal laboral, con elementos de flexibilidad para el trabajador y la Administración”, recuerda el exresponsable de la CESM. Y a pesar de los esfuerzos, la falta de entendimiento con el ministerio obligó a llamar a ese teléfono que sólo puede descolgar una persona: “Hubo intervención directa de Moncloa y del propio Felipe González”.

El acuerdo de 1995 y la clave para resolver la huelga actual

La huelga se desconvocó el 22 de julio después de que los médicos aceptaran la oferta de 3.500 millones de pesetas del Ministerio de Sanidad para subir los sueldos. Fueron 30.000 pesetas más al mes, pero ligadas a objetivos de productividad y a condiciones para reducir las listas de espera y modificar la jornada laboral. No se trató del incremento pretendido en primera instancia por la CESM, pero se logró parte del objetivo, y algo parecido pasó con la retribución de las horas de guardia: “Se subió, aunque sin llegar a equipararse a la hora ordinaria”.

Sobre la huelga médica vigente en torno al Estatuto Marco, Amaya insiste en la fórmula para encontrar una solución: “Tiene que haber voluntad de ambas partes”. A su juicio, es el ministerio el que no está actuando como debe: “No veo clara su intención para salir del conflicto”. Además, advierte de que hay “factores externos” que entorpecen la negociación como “los sindicatos de clase”: “No quieren que el personal médico tenga su propio Estatuto”. Pero, más allá de la letra pequeña del futuro acuerdo -si es que acaba habiéndolo-, el exsindicalista tiene clara una cosa: “El final de la disputa debería llegar lo más pronto posible”.