Rechazo médico al límite de precios para alimentos de primera necesidad

El encarecimiento de los alimentos saludables que conforman las dietas equilibradas y garantizan un buen estado de salud preocupa a los médicos españoles. Por un lado, ven en ello un riesgo de sustitución por otros alimentos más baratos y menos nutritivos, provocando un aumento de enfermedades. Mientras que, por el otro lado, consideran que el riesgo se da exclusivamente en los grupos vulnerables (niños y ancianos) y descartan que sea "idóneo" implantar de forma general topes de precio a los alimentos de primera necesidad.

Tanto desde medicina de Familia como desde Medicina Preventiva y Salud Pública tildan la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, de una medida “política” y alejada de lo que realmente necesitan los pacientes vulnerables que se vean obligados a reducir su gasto en alimentación.

“Ante el déficit de ingresos y el alza del precio habrá gente que lo podrá contrarrestar y otra que no. Los ancianos son los más vulnerables y los que más preocupan. El esfuerzo, más que a controlar el mercado económico, se debe poner en potenciar los programas de vigilancia de la desnutrición en la comunidad y eso pasa por potenciar la Atención Primaria”, asegura Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempspgs).

Por ello, Ortí considera que el Gobierno debe alejarse de medidas electoralistas y si una persona necesita un alimento hay que garantizarlo con un mínimo vital y con acceso a los servicios de nutrición. “Por ejemplo, en el ámbito de Primaria el médico de Familia debe valorar aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta”, reivindica. 

Este rechazo también es compartido por la presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Rosa Urbano Garrido: "Todo lo que contribuya a favorecer el acceso a los alimentos saludables es positivo, pero la regulación de los precios es compleja porque puede tener efectos indirectos en los mercados y trata a todas las familias por igual. Habría que ver si es más razonable aplicar políticas de apoyo a las familias más vulnerables, garantizando una renta mínima o aplicar transferencias. No es tanto actuar sobre los precios, sino sobre la capacidad de compra de las personas vulnerables. Se trata de centrar el foco". 

En cuanto al primer nivel asistencial, Guadalupe Blay, coordinadora del grupo de trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) tampoco ve en los topes de precios una solución: “Sería más correcto que bajara el IVA de determinados productos porque comer carne o pescado para mucha gente es prohibitivo. Si hay compromiso de la industria para controlar los precios y mantener la calidad no estaría mal, pero lo ideal es que haya ayudas sociales que sean suficientes”.

Consecuencia sanitaria del encarecimiento de los alimentos

Desde Atención Primaria consideran que el problema es “grande” y va “ir a más” en base a las proyecciones económicas. “Esta situación genera mucha obesidad porque los alimentos más saludables son los más caros. Mientras que en las personas ancianas y vulnerables se traduce en deshidratación o desnutrición y ahí se agudizan enfermedades crónicas o las que no tenían aparecen”, explica la especialista.

En ese sentido, la facultativa reconoce que los ancianos ahora están mirando mucho qué comprar y reclama la elaboración de un plan de ayuda "importante". Además, considera que los médicos también deben estar más atentos a la salud nutricional del paciente y ver por qué se encuentra deteriorada. “En estos casos deberíamos crear redes de asistencia con trabajadores sociales. Esto va a ir a más y es muy preocupante”, reclama Blay. 

¿Dónde debe aumentar las ayudas el Gobierno?

Los especialistas consideran que las medidas a tomar deben centrarse en otros aspectos y como define Ortí, la solución pasa por “centrase en lo de siempre”: “Hay que reforzar la Atención Primaria y dotar de recursos y formación especializada adecuada para atender estos aspectos que a veces descuidamos como la intervención comunitaria con prescripción de ejercicio o revisión de la nutrición”.

Para el especialista debe haber una responsabilidad política para contratar a los médicos suficientes y poner en marcha programas de vigilancia del estado nutricional de la población, al menos de los grupos vulnerables (infantil y ancianos). “Empecemos a tomar medidas serias de Salud Pública y Medicina Preventiva que realmente repercutan a la población. Esto es lo difícil, pero es lo que hace falta”.

Unas medidas que pasan en primer lugar por conocer el estado nutricional real de la población española. Algo que para Ortí se puede realizar de manera científica y generalizada desde un centro universitario o un centro de salud pública "si lo tuviéramos". Mientras que, a nivel individual, el especialista recuerda que cada médico tiene la obligación de conocer a su cupo de pacientes y valorar su estado nutricional. “Si se detectara una desnutrición por ahorro económico habría que actuar ahí, pero hacer una noticia para ganar en imagen es muy fácil e invertir con un programa de mejora de la nutrición es más difícil”, reclama el presidente de la Sempspgs

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