Escrivá olvida a Familia y su protocolo médico para las bajas antisuicidios

El Ministerio de Seguridad Social, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal empresarial CEOE se reunirán la próxima semana para dar comienzo a la definición de las líneas que fijarán el permiso de acompañante a una persona con riesgo de suicidio. No obstante, esa reunión contará con la ausencia de las sociedades médicas, puesto que el sector no ha sido llamado ni consultado para este proceso. Algo que desde Medicina de Familia critican y piden que sus consideraciones médicas se tengan en cuenta para un asunto que se basa en una decisión clínica, afirman. Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá confirman a este diario que el ministerio se reunirá "en su momento con las asociaciones que se consideren oportunas".

Tanto la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) creen que, en este proceso normativo, además de tener una ley que repercuta a la Seguridad Social, debe haber también un protocolo médico. “Es fundamental una normativa legal para que esa licencia esté bien regulada, y por otro lado, un protocolo médico para que se pueda justificar esa licencia”, comenta a Redacción Médica Antonio Torres, responsable del Grupo de Trabajo de Salud Mental de SEMG.

Desde Semergen subrayan que lo que debatirá la mesa del diálogo social la próxima semana se trata de una “medida política”, aunque recalcan que tiene que haber un “criterio clínico”. “Entiendo que en algún momento tiene que aparecer nuestro criterio porque vamos a ser quienes valoremos la situación del paciente con riesgo suicida”, comenta Verónica Olmo, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la propia sociedad. “Los Servicios de Psiquiatría, servicios sociales y Atención Primaria, son un buen caldo de cultivo para mejorar la norma. Tarde o temprano tendremos que intervenir como la parte sanitaria, que no deja de ser una enfermedad”, zanja Olmo.

Representación de Familia en una hipotética reunión

En la especialidad opinan que tiene que haber una participación “imprescindible” de las sociedades médicas, aunque no especifican la forma en la que Familia podría quedar representada. O bien mediante las propias sociedades médicas, o bien mediante “un colectivo que nos abarque a todos”, como puede ser la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas (Facme) o el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom).

“No sé si a partir de ahora que empieza a desarrollarle el mecanismo normativo tiene que ir en paralelo el mecanismo clínico”, se pregunta Torres. El facultativo incide en que Familia debe estar por la “proximidad y accesibilidad” al paciente, así como Psiquiatría, Enfermería y Psicología Clínica. “Esto es para la detección de ideación suicida, por lo tanto cualquier detección de riesgo debe pasar a la correspondiente normativa protocolarizada que estamos pidiendo. Habría también geriatras, pediatras…”, pide el responsable de Salud Mental de SEMG.

No obstante, en Medicina de Familia ven adecuada la representación sindical y empresarial, aunque apostillan que la participación sanitaria sería la ‘cuarta pata’ del diálogo social. “Lo que va a disponer la reunión de la próxima semana es la definición de qué condiciones se tienen que cumplir y qué mecanismos normativos se tienen que llevar a cabo”, señala Torres, afirmando que para ello debe haber un protocolo médico “muy claro” en el que basar esa decisión.

Familia pide seriedad para abarcar el riesgo de suicidio

“Se trata fundamentalmente de que el día que se ponga en funcionamiento esté todo listo y no dando tropezones sobre la marcha. Tiene que estar muy bien legislado y regulado para dar un verdadero amparo”, ratifica Torres. En la especialidad se muestran alerta por tratarse de un tema con especial “sensibilidad social”, por lo que piden a la Administración “hacerlo ya y hacerlo bien”.

El pasado mes de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Más País para solicitar al Gobierno la implementación de un permiso a un acompañante de una persona con riesgo suicida. Desde entonces, las sociedades médicas han ido debatiendo internamente, pero sin llegar a desarrollar unos criterios concretos sobre cómo debería pilotar esta norma. Olmo apunta a que en Semergen se está explorando y trabajando sobre la línea de la prevención, aunque señala que todavía queda trabajo por hacer.