Rajoy exige más ahorro en precios de referencia

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
A pesar de que desde el Gobierno se sigue afirmando que lo peor de la crisis ya ha pasado, esta afirmación no se está aplicando al gasto farmacéutico. Y es que el estado considera que es posible seguir recortando precios en el ámbito de medicamento financiado por la sanidad pública.

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España.

Fuentes de la Administración revelan a Redacción Médica que Mariano Rajoy ha exigido más ahorro en el gasto farmacéutico mediante la orden de precios de referencia de los medicamentos. De hecho, los continuos retrasos que está sufriendo la publicación de este documento, indispensable para que se puedan aplicar los nuevos precios, están causados precisamente por los cambios exigidos por la oficina económica de Presidencia de Gobierno.

La última modificación reclamada por este departamento ha tenido que ver con los precios ponderados. A mediados de septiembre, después de que Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, confirmara a este medio que la orden debía salir publicada antes del día 20, Presidencia pidió bajar los precios ponderados recogidos en el documento. Hay que recordar que los precios ponderados son una fórmula creada para que el mercado español no quede desabastecido de determinados fármacos de muy bajo coste considerados esenciales, de manera que el precio de estos productos se decide 'al alza' para que sea rentable para los laboratorios comercializarlos. 

De hecho, a pesar de que el ministro Alonso aseguró ante los medios de comunicación hace unas semanas que la publicación de la orden era "inminente", las dudas sobre si se podrá aplicar antes de que acabe 2015 pesan demasiado. Si saliera a la luz a lo largo del presente mes, los nuevos precios no estaría en marcha hasta diciembre. Ya hay voces en el sector que consideran que no estarán activos durante lo que queda de legislatura.

Más retrasos

Sin embargo, no es la orden de precios de referencia la única medida que ha sufrido retrasos por el temor de Presidencia a su impacto económico. Los compromisos acordados con la industria del medicamento, a cambio de que los laboratorios participaran en los protocolos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) estuvieron en la cuerda floja durante meses, hasta que se han incluido 'in extremis' en forma de enmiendas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que se está tramitando en el Senado.  

Pero el caso más llamativo es el del real decreto de precios y financiación de los medicamentos. De estar prácticamente acabado hace un año, las continuas relecturas y modificaciones a las que se ha visto sometido por parte no solo de Presidencia sino también de Economía y Competitividad han llevado a que ni siquiera vaya a poder ser aprobado antes de que termine la legislatura.

Con todo, no ha sido Presidencia el único departamento que ha obstaculizado, rechazado o que se ha enfrentado a los proyectos o políticas de Sanidad. La ya citada cartera dirigida por Luis de Guindos también fue la promotora del borrador de la Ley de Colegios por el que se proponía la liberalización de la farmacia española, que finalmente fue descartado, o de la vinculación del gasto farmacéutico al PIB, una medida con la que Sanidad pierde gran parte de su control sobre esta partida, aunque todavía ninguna región se ha adherido a ella.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda tampoco ha aprobado o debatido con las autonomías en el seno del Consejo General de Política Fiscal y Financiera la línea de crédito por valor de más de 700 millones de euros con la que se tiene que financiar la estrategia nacional de hepatitis C y los medicamentos innovadores que incluye. Asimismo, el departamento que dirige Cristóbal Montoro no tiene planes para firmar los ya citados acuerdos por la sostenibilidad del SNS con las patronales del medicamentos (Aeseg) y el producto sanitario (Fenin), a pesar de que ha sido una de las partes negociadoras y de que tiene que dar su aprobación.

A esto hay que sumar que Hacienda analizará los pormenores del borrador del real decreto de gestión clínica, para valorar si supone un gasto para las arcas públicas o no, dilatando todavía más su posible aprobación.

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