En el periodo de 2018-2022, se penalizó a las farmacéuticas con casi 800 millones de euros en multas

La Comisión Europea revisa la competencia pharma.
Exterior de la Comisión Europea.


30 ene. 2024 17:30H
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La Comisión Europea, en su aplicación de las normas de defensa de la competencia y control de concentraciones de la UE en lo que respecta a los medicamentos y otros productos médicos concretos durante el período 2018-2022, ha examinado 26 actuaciones. Sobre ellas se han emitido varias multas que ascendieron a casi 800 millones y, en otros casos, se firmaron compromisos vinculantes para subsanar prácticas contrarias al derecho de defensa de la competencia. En la actualidad, hay 30 investigaciones en curso

Tal y como apuntan, algunas de estas decisiones se referían a prácticas contrarias a la competencia que nunca antes se habían abordado en el marco del derecho de la competencia de la UE. Además, desde la Comisión especifican que a también investigaron más de 40 asuntos farmacéuticos que se cerraron sin decisiones de infracción por compromiso (por ejemplo, debido a que los problemas se habían resuelto durante la investigación y no era necesario adoptar una decisión formal) y, en la actualidad, se están examinando 30 asuntos de posibles infracciones contrarias a la competencia en el sector farmacéutico. Asimismo, han adoptado diez decisiones de infracción o de compromiso en asuntos relativos a productos sanitarios y trece en asuntos relacionados con otras cuestiones sanitarias.

En esta misma línea, tomaron acciones con el objetivo de que el mercado farmacéutico no se concentrara "en exceso". De hecho, se detectaron problemas de competencia en cinco de estos análisis de concentración y se autorizaron cuatro y la otra finalmente no se produjo. "Los ejemplos de asuntos de defensa de la competencia y de concentraciones ilustran el control riguroso del derecho de la competencia del sector farmacéutico y su aplicación ayudan a salvaguardar el acceso de los pacientes de la UE a medicamentos asequibles e innovadores", indican desde la Comisión en su informe.

España, el tercer país con más multas


En diecisiete de los 26 asuntos de intervención relacionados con medicamentos, el  asunto se cerró con una decisión de prohibición por la que se constataba una infracción del derecho de competencia de la UE. Se impusieron multas en 20 asuntos por un importe aproximado de 780 millones de euros en esos cuatro años. Según concretan desde Europa, en nueve casos, la investigación pudo cerrarse sin constatar ninguna infracción porque los compromisos ofrecidos por las empresas investigadas eliminaban los problemas de competencia y estos compromisos se hicieron vinculantes mediante una decisión de la autoridad de competencia.

En el informe presentado por la Comisión aparece el reparto de estas multas por países y se divide así: Francia (444 millones de euros), Rumanía (86,4 millones), Lituania (72,6 millones), Comisión (60,5 millones), España (54,9 millones), Bélgica (30,3 millones), Países Bajos (19,6 millones) y otros (11,3 millones).

La mitad de las 26 investigaciones se iniciaron de oficio, nueve mediante denuncias y cuatro comenzaron por otros motivos (por ejemplo, por los indicios  reunidos durante una investigación sectorial). Respecto a sus causas, estaban relacionadas con prácticas contrarias a la competencia de fabricantes de medicamentos (once asuntos), distribuidores mayoristas (ocho asuntos) y distribuidores minoristas (tres asuntos), y cuatro casos estaban relacionados con prácticas en las que estaban implicados tanto fabricantes como distribuidores. Además, afectaban a una amplia gama de medicamentos: fármacos contra el cáncer (siete asuntos),  antidepresivos, tratamientos hormonales o vacunas.

¿Cuáles eran los principales problemas por los que tuvo que intervenir Europa? Los abusos de posición dominante (el 50 por ciento de los casos), seguido de distintos tipos de acuerdos restrictivos entre empresas. Entre ellos  se incluyen: los acuerdos horizontales restrictivos entre competidores, como los acuerdos de pago por retraso (8 por ciento); los carteles (31 por ciento); y los acuerdos verticales, como las cláusulas  que prohíben a los distribuidores promocionar y vender productos de fabricantes competidores, 11 por ciento.
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