El Ministerio 'casi' renuncia a regular la gestión clínica vía real decreto

Jaque al real decreto de gestión clínica. Fuentes del Ministerio de Sanidad han indicado a Redacción Médica que el futuro de la nueva normativa ya no está en su tejado. El gran motivo radica en el dictamen emitido por el Consejo de Estado, que ha dejado a través de su análisis dos puntos claros: el primero, que no se podía aprobar la normativa en un gobierno en funciones (situación ya resuelta); y la segunda, que consideraban que, ante su importancia, la legislación debería contar con un rango superior al de real decreto. Un aviso que ha sido, hasta la fecha, acatado por Sanidad.

Aunque desde el Ministerio aseguran que están “totalmente a favor de una regulación de la gestión clínica que, además, cuenta con el respaldo de los profesionales y directivos del sector”, también advierte que solo hay dos canales para lograr su aprobación bajo la recomendación del Consejo de Estado. Específicamente, ponen sobre la mesa la opción de presentar un anteproyecto de ley o por medio de su tramitación parlamentaria. Las dos son fórmulas que, según explican, se escapan de las competencias de Sanidad.

La actual situación de la regulación de la gestión clínica plantea un posible escenario de acuerdos y lobby. El Foro de la Profesión Sanitaria, por ejemplo, ha anunciado a este medio su interés de impulsar la aprobación de la normativa, para lo que incluso han solicitado una reunión con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. “A pesar de que la ministra es nueva, su equipo no ha cambiado, por lo que conocen el estatus y la importancia de esta normativa para el Sistema Nacional de Salud (SNS)”, apuntan fuentes del foro.

Con el ‘Real Decreto por el que se fijan las bases para la implantación de las Unidades de Gestión Clínica en el ámbito de los Servicios de Salud’ casi descartado por parte del Ministerio de Sanidad, las partes interesadas en una regulación nacional tendrán que buscar apoyos dentro del gobierno central y del Parlamento. Evidentemente, contar con la reactivación de estos procedimientos conllevarán a un retraso en la llegada de la normativa, la cual ya había sufrido un parón durante el año en funciones del gobierno de España.