18 nov 2018 | Actualizado: 14:30

Prácticas clínicas: el plan B de las universidades privadas valencianas

El vicerrector de la Universidad Católica revela las medidas que se tomarán en el caso de que falle el diálogo

Juan Eduardo Santón, vicerrector de la Universidad Católica de Valencia.
Prácticas clínicas: el plan B de las universidades privadas valencianas
mar 07 junio 2016. 12.20H
José A. Puglisi
La Universidad Católica de Valencia está lista para defender las prácticas clínicas de sus estudiantes. Después de haber presentado las alegaciones contra el modelo impuesto por la Generalitat, la institución está a la espera de la respuesta de la Consejería de Sanidad o, incluso, la oportunidad de mantener una reunión con todas las partes implicadas para zanjar la problemática. En el caso de que la vía diplomática falle, hay un plan B que está “relativamente cerrado”, según ha indicado a Redacción Médica Juan Eduardo Santón, vicerrector de la Universidad Católica de Valencia.

El vicerrector precisa que el impasse responde más a “un tema de interés electoral en el que se buscan ganar puntos” a un problema real de capacidad del sistema autonómico de salud. En este sentido, aclara que “sólo el 56,4 por ciento de nuestro alumnado está en un sistema público que, en el caso de la Comunidad Valenciana, tiene la capacidad para afrontar la demanda formativa existente”. De ahí, que esté preparándose para afrontar el peor de los escenarios, donde no haya las posibilidades de un diálogo fructífero.

“Tenemos un plan B que está relativamente cerrado”, ha recalcado Santón, quien apunta que la estrategia tiene dos grandes frentes: “por un lado, establecer e impulsar todas las formas que garanticen a nuestro alumnado la realización de prácticas clínicas de calidad en la autonomía; por el otro, emprender las medidas judiciales que sean necesarias para hacer respetar este derecho de los estudiantes”.

De esta manera, ha aplaudido la decisión del Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, de solicitar a la Generalitat que “rectifique” en el modelo establecido de prácticas clínicas para la autonomía. “Las autoridades de la comunidad no pueden otorgar a un grado formativo a una institución y, posteriormente, pedirles que se las apañen para que puedan impartir sus prácticas clínicas”, puntualiza el vicerrector, quien espera que esta situación encuentre una solución más sencilla a la que se registró en Murcia, también por la implementación del Real Decreto 420/2015.

A pesar de que compartir intereses con la Universidad CEU Cardenal Herrera, Santón ha asegurado que “trabajamos de forma conjunta, pero cada una con su propia estrategia basada en las necesidades propias del alumnado”.
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