La pena de prisión no será cumplida pero ha quedado inhabilitado profesionalmente por dos años

Condenan a 2 años de cárcel al presidente de los enfermeros de Pontevedra
Carlos Fernández.


9 may. 2024 13:00H
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El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, ha aceptado una condena de dos años de prisión, por un delito de administración desleal, que no cumplirá y además ha quedado inhabilitado profesionalmente por dos años. La sentencia, firme, se ha acordado en el acto de conformidad que se ha celebrado este jueves en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.

La Fiscalía retiró los cargos contra la mujer y la hija del presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, quien llegó a un preacuerdo de conformidad con el Ministerio Público por un delito de administración desleal. Además de la pena de 2 años de prisión, tendrá que abonar una multa de 1.080 euros y será inhabilitado por dos años.

En concepto de responsabilidad de civil, ha sido condenado a casi 158.000 euros por los daños irrogados a la entidad pública, una cifra que pagará de manera fraccionada, con una cantidad importante como primer pago. Abonar esa indemnización y que no delinca en los próximos tres años, a partir de hoy, son las condiciones que se han estipulado para que evite su entrada en prisión.

En marzo de 2021, el presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, su mujer y una de sus hijas, ingresaron en prisión provisional -así estuvieron hasta julio de ese año- por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal, el único por el que ha sido condenado.

Los tres habían sido detenidos tras los registros efectuados durante horas en el domicilio de esta familia y en la propia sede colegial, situada en la ciudad viguesa, en busca de documentación y pruebas. Aquella investigación recayó en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El secretario de la entidad, Faustino Portela, llegó a acusar públicamente al arrestado Fernández por gestión opaca y supuestas irregularidades. El colegio adeudaba entonces al Consejo General de España cuotas que eran de pago obligatorio.
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