"Hay que contar con criterios obligatorios para medir el daño sanitario"

La Asociación Española de Derecho Sanitario (Aeds) celebró este martes el webinAEDS “Ley 5/2025: análisis del impacto en RC sanitaria” en el que se revisó el impacto tendrá la Ley 5/2025, de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en el ámbito de la responsabilidad civil sanitaria. Durante el encuentro, los ponentes coincidieron en que esta reforma supone un paso importante en la actualización del marco indemnizatorio español, pero también quedó de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una regulación más específica y adaptada a la realidad del sector sanitario.

El debate, moderado por Ofelia De Lorenzo, presidenta de la Aeds, contó con la participación de Carlos Represas, director de Innovación en Promede; Pablo Montalvo Rebuelta, socio-director del Área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados; Rosa Martínez Cal, responsable del Departamento de Lucro Cesante en Promede; y José Pérez Tirado, socio fundador de Pérez Tirado Abogados.

Los ponentes coincidieron en señalar que la Ley 5/2025 introduce criterios y principios que influirán en la valoración del daño personal y en la previsión de costes indemnizatorios, con implicaciones relevantes para el sector asegurador y las entidades sanitarias. En concreto, tendrá repercusiones en todas las indemnizaciones, sobre todo en temas de gran impacto, como casos de niños que nacen con parálisis cerebral tras hipoxia, aumentándose las indemnizaciones de manera importante.

Carlos Represas subrayó que la norma representa un esfuerzo legislativo por reforzar la seguridad jurídica y homogeneizar los criterios de valoración de daños, lo que podría servir de base para futuros desarrollos en otros ámbitos. Asimismo, resaltó que la nueva Ley deja clara la valoración de algunos cuadros donde podría existir discrepancias, incluyendo nuevas secuelas y actualizando la puntuación de otras, ratificando la aplicación de la fórmula de Baltazhar. En esta misma línea, Rosa Martínez Cal, explicó que la Ley 5/2025 incorpora conceptos como la actualización de tablas, protección para amas de casa y personas que aún no han accedido al mercado laboral, la mejora en la metodología de cálculo actuarial y una mayor transparencia en los baremos, plasmando normativamente una reforma que ya venía aplicándose desde 2021. Según señaló, estos avances podrían servir de referencia para futuras reformas en el ámbito sanitario.

Pablo Montalvo advirtió que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que aplica el baremo de tráfico a otros ámbitos indemnizatorios abre la puerta a que los criterios de la Ley 5/2025 puedan emplearse también en reclamaciones por hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Esta posibilidad podría generar situaciones de infraseguro, ya que las pólizas diseñadas bajo el marco anterior no cubrirían el incremento de las indemnizaciones resultantes del nuevo sistema. En consecuencia, los médicos o los centros podrían verse obligados a responder con su propio patrimonio, e incluso podrían producirse casos en los que los pacientes no llegasen a percibir la indemnización fijada por el juez, con el consiguiente riesgo económico para todas las partes implicadas.

Por su parte, José Pérez Tirado destacó que la Ley 5/2025 incorpora buena parte de las propuestas y trabajos desarrollados por la Comisión de seguimiento del Baremo, lo que constituye un reconocimiento al esfuerzo técnico realizado en los últimos años. Sin embargo, advirtió que la singularidad de los daños derivados de la práctica médica exige un tratamiento diferenciado, tanto en la valoración de los perjuicios como en la tipología de los daños resarcibles, que no puede abordarse con los mismos criterios que el baremo de tráfico.

Hacia un baremo específico para la responsabilidad civil sanitaria

A lo largo del debate se puso de manifiesto el consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio más definido para la responsabilidad civil sanitaria, ya sea mediante un baremo específico o a través de una ley propia que tenga en cuenta las particularidades del daño médico y del sistema asistencial.

Los expertos coincidieron en que la ausencia de un marco uniforme genera inseguridad jurídica, desigualdad en las indemnizaciones y una creciente litigiosidad, factores que inciden tanto en los profesionales como en las aseguradoras y los pacientes. Además, subrayaron que la cuantificación del daño en el ámbito sanitario no puede equipararse a la de otros sectores, ya que intervienen factores médicos, éticos y humanos de gran complejidad.

Ofelia De Lorenzo subrayó que este tipo de debates son fundamentales para construir un modelo más justo y estable: "La responsabilidad civil sanitaria requiere un marco propio, que reconozca las especificidades del acto médico y aporte seguridad a todos los agentes implicados: pacientes, profesionales, centros y aseguradoras".

La presidenta de la Aeds destacó además la importancia de seguir generando conocimiento compartido en torno a la materia y de impulsar espacios de diálogo entre juristas, aseguradoras, profesionales sanitarios y administraciones.

El encuentro sirvió como preludio al próximo Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde la Aeds prevé retomar este debate con un análisis más amplio sobre el futuro de la responsabilidad civil médica y las reformas necesarias para adecuar la normativa a las demandas actuales del sistema sanitario.