El PP propone que los casos de dependencia sean juzgados por lo social

El Congreso de los Diputados debatirá esta semana una proposición no de ley del Grupo Parlamentaro Popular con el fin de que los litigios en materia de dependencia sean conocidos por la jurisdicción social. La iniciativa del PP, que responde a una demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), insta al Gobierno "a realizar todas las acciones necesarias para que las controversias relativas a la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, queden definitivamente atribuidas a la jurisdicción social".

En la proposición no de ley, firmada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y que será debatida por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, se indica que el hecho de que las controversias judiciales sobre autonomía personal y dependencia estén atribuidas actualmente a la jurisdicción contencioso-administrativa, "más formalista, lenta y gravosa que la social", entorpece la protección judicial del derecho subjetivo resultante de la Ley de Dependencia.

La propuesta del PP atiende a una demanda del Cermi, que ha reclamado al Gobierno que haga efectivo el mandato legal que obliga a que las controversias judiciales en relación con el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia sean conocidas por la jurisdicción social, y no por la contencioso-administrativa, como ocurre ahora.

La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en el año 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una ley que el Gobierno debería remitir a las Cortes tres años después de su promulgación. A juicio del Cermi, transcurridos esos tres años, que se cumplieron en diciembre en 2014, "es el momento de que el Ejecutivo remita ese proyecto de ley al Parlamento, de modo que los asuntos relativos a la dependencia sean competencia real de la jurisdicción social".

A pesar de ser un tema netamente social, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, algo que según el Cermi "impide atacar las malas prácticas de las administracionessociales, dejando en buena medida indefensas a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican".

Propuesta del PSOE

Por parte del PSOE, este lunes la secretaria adjunta del Grupo Socialista, Marisol Pérez Domínguez ha registrado en la Cámara Baja, una Proposición de Ley socialista sobre atribución competencial a la jurisdicción social en materia de atención a las personas en situación de dependencia. Una iniciativa que pretende “favorecer el acceso a la justicia de las personas dependientes cuando se vulneran sus derechos, ya que por desgracia, durante los periodos de gobierno del PP se han visto vulnerados constantemente”, ha asegurado la responsable socialista.
 
Pérez Domínguez ha explicado que esta Proposición de Ley, contiene las demandas de las Plataformas de Defensa del Sistema de Dependencia, del CERMI y de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales. “Con ello, apunta Pérez Domínguez, se favorece la posibilidad de reclamar de las personas en situación de dependencia por la vía social, ya que es gratuita, más ágil y próxima, en vez de hacerlo por la vía administrativa que es más formalista, gravosa, cara y lenta que la social”.
 
“La iniciativa clarifica la jurisdicción competente sobre materias relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”, entre otros aspectos, subrayó la parlamentaria socialista.
 
La secretaria adjunta del Grupo Socialista ha indicado también que esta ley “fue presentada por el GPS en 2015, pero al no llegar a debatirse ahora se vuelve a retomar”.