La familia sostenía que nadie le había explicado un riesgo relevante. Europa Press (imagen de archivo)
La muerte de Nala tras una anestesia: cuando el informe pericial ordena lo que la emoción no permite ver
El caso de esta gata que falleció durante una limpieza dental reabre un debate tradicional sobre la responsabilidad profesional veterinaria
Nala era una gata europea de 11 años que acudió a una clínica para una limpieza dental programada. Su familia la dejó por la mañana con la tranquilidad de quien asume que se trata de una intervención menor. Horas después recibió una llamada: la gata había sufrido una parada durante el procedimiento y no había podido recuperarse. La reacción inicial fue la esperable: incredulidad, dolor y una pregunta que se repite en muchas reclamaciones de responsabilidad profesional veterinaria: ¿se podía haber evitado?
El caso, como ocurre con frecuencia en medicina veterinaria legal, no podía resolverse con una respuesta emocional. La familia solicitó la historia clínica, las pruebas previas, el consentimiento informado, el parte anestésico y la factura. La clínica defendía que se había producido una complicación imprevisible. La familia sostenía que nadie le había explicado un riesgo relevante y que Nala no había sido estudiada adecuadamente antes de la anestesia. En ese punto intervino un perito veterinario, no para sustituir al juez ni para actuar como acusación, sino para revisar el proceso completo con criterios técnicos.
El primer paso del peritaje veterinario fue separar el resultado del procedimiento. Una muerte anestésica no implica, por sí sola, mala praxis. La anestesia tiene riesgos incluso cuando se actúa correctamente, y esos riesgos aumentan con la edad, enfermedades no diagnosticadas, alteraciones renales, cardiopatías, obesidad o deshidratación. Lo determinante no era que el desenlace hubiera sido grave, sino si la actuación profesional se había ajustado a la lex artis: qué información existía antes de anestesiar, qué pruebas se propusieron, cómo se monitorizó al animal, qué medicación se utilizó y qué medidas se adoptaron ante la emergencia.
La historia clínica fue la pieza central. En ella constaba una exploración general, pero no quedaba reflejada una analítica preoperatoria reciente. Tampoco había un electrocardiograma ni una valoración específica del riesgo anestésico. La familia aportó mensajes previos en los que preguntaba si, por la edad de Nala, era necesario hacer alguna prueba adicional. La respuesta de la clínica fue que “no hacía falta si la gata estaba bien”. Para el perito veterinario, esa frase no equivalía automáticamente a negligencia, pero sí obligaba a analizar si la información transmitida había sido suficiente y si se había dejado constancia de las alternativas.
El consentimiento informado planteaba otro problema. Existía un documento firmado, pero era genérico: mencionaba “riesgos anestésicos” sin explicar la situación concreta de una gata senior ni las opciones de estudio previo. Un consentimiento no es un mero trámite administrativo. Su valor real está en demostrar que el propietario comprendió los riesgos razonables, las alternativas y las consecuencias de aceptar o rechazar determinadas pruebas. En medicina veterinaria, como en medicina humana, la comunicación documentada es parte de la buena práctica clínica.
El perito revisó también el registro anestésico. La documentación era incompleta: faltaban constantes en varios intervalos, no se identificaba con claridad qué persona realizó la monitorización y no constaba el momento exacto en que se detectó la caída de la frecuencia cardiaca. Esa falta de registro no demostraba por sí misma que la vigilancia no hubiera existido, pero impedía reconstruir con precisión la respuesta clínica. En una reclamación, lo que no se documenta difícilmente puede valorarse después con seguridad.
El dictamen no concluyó que la muerte de Nala fuera inevitable ni que la clínica hubiera actuado con dolo. La conclusión fue más matizada: existían deficiencias documentales y de información que impedían acreditar una actuación plenamente diligente. El informe señalaba que, ante un animal de edad avanzada sometido a anestesia, era razonable ofrecer pruebas preoperatorias y dejar constancia expresa de su aceptación o rechazo. También indicaba que la monitorización debía estar registrada de forma suficiente para valorar la respuesta ante una complicación.
Este tipo de casos muestra por qué el peritaje veterinario resulta cada vez más relevante en responsabilidad profesional. La función del informe no es convertir cualquier mal resultado en mala praxis, sino evitar dos errores: culpar automáticamente al profesional cuando existe una complicación inevitable, o descartar una reclamación porque el procedimiento parecía rutinario. Entre ambos extremos está el análisis técnico.
![Gonzalo Moreno del Val, presidente de la Organización Colegial Veterinaria.](["https:\/\/s1.redaccionmedica.com\/k\/imgp\/cms\/sanitaria2000\/147637.jpg?p=w:1706\/h:960&h=CMZ4wO1T"])
Para las clínicas, estos procedimientos son también una llamada de atención sobre la importancia de documentar. Una buena historia clínica protege al paciente, al propietario y al profesional. No basta con hacer bien las cosas: hay que poder demostrarlo. Para las familias, el informe permite entender qué ocurrió con un lenguaje comprensible y tomar decisiones sin depender solo de la sospecha o del dolor.
El enfoque One Health también tiene aquí una lectura más amplia. La confianza en los servicios sanitarios, incluidos los veterinarios, se construye con transparencia, trazabilidad documental y capacidad de revisión externa. Cuando un conflicto se analiza con método, disminuye la confrontación y aumenta la posibilidad de una solución proporcionada.
En PERIVET, un gabinete nacional especializado en peritaje veterinario, intervenimos en supuestos de posible mala praxis con una metodología independiente: revisión de historia clínica, consentimiento informado, pruebas diagnósticas, actuación terapéutica, seguimiento y documentación. Contar con un perito veterinario permite transformar una sospecha en un análisis técnico riguroso, útil para propietarios, clínicas, aseguradoras y despachos jurídicos que necesitan saber si hubo una complicación inevitable o una actuación profesional cuestionable.
Además, el caso permitió incorporar una reflexión preventiva para el centro veterinario. El dictamen recomendó que los procedimientos con anestesia, aunque se consideren rutinarios, cuenten con una hoja preoperatoria específica, una escala de riesgo, registro de constantes y una nota de comunicación con el propietario. No se trataba de convertir cada acto clínico en un expediente defensivo, sino de ordenar la información mínima que después permite explicar qué decisiones se tomaron y por qué.
Otro aspecto relevante fue la gestión de expectativas. Muchas familias interpretan una limpieza dental como un acto menor, cuando en realidad exige inmovilización, anestesia y vigilancia. El informe propuso que la clínica diferenciara claramente entre el presupuesto económico y el consentimiento sanitario. El primero informa del coste; el segundo, de riesgos, alternativas y cuidados posteriores. Esa separación reduce malentendidos y mejora la confianza.
Para el lector sanitario, el caso resulta reconocible: en cualquier profesión asistencial, el resultado adverso suele activar una revisión retrospectiva mucho más exigente que la decisión tomada en tiempo real. Precisamente por eso, el informe pericial debe valorar los hechos con los datos disponibles en aquel momento, no con la comodidad de saber cómo terminó el caso.
