Hospital Universitario de Badajoz.
Piden hasta 5 años de cárcel a dos sanitarias de Badajoz por espiar historiales médicos
La Fiscalía les acusa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos
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Una enfermera y una auxiliar de clínica del Hospital Universitario de Badajoz se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial acusadas de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según ha adelantado el diario La Crónica de Badajoz, ambas procesadas habrían accedido sin consentimiento a los datos clínicos de un matrimonio amigo que, apenas un mes antes, había denunciado a la pareja de una de las sanitarias por un presunto delito de sumisión química.
Los hechos ocurrieron durante dos días del mes de agosto de 2023. El ministerio público sostiene que las acusadas, aprovechando que trabajaban en el mismo turno y prevaliéndose de su condición de funcionarias públicas, entraron en el sistema Jara del Servicio Extremeño de Salud (SES) para consultar los resultados de las analíticas de los denunciantes.
La intromisión buscaba rastrear las pruebas médicas derivadas del presunto episodio de sumisión química ocurrido en julio, cuando la pareja de una de las procesadas supuestamente introdujo sustancias estupefacientes en las consumiciones del matrimonio, un caso por el que ya hay abierta una causa en un juzgado de instrucción.
Acceso a los historiales médicos
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, las entradas informáticas al historial se produjeron en espacios de tiempo muy cortos -una en apenas 10 minutos y la otra en menos de 20-, registrando seis accesos al expediente de la mujer y uno al del hombre. Lejos de quedarse en una simple consulta ilícita, la acusación señala que las trabajadoras revelaron la información confidencial a terceras personas sin conocimiento ni autorización de los pacientes afectados.
Ante esta vulneración de la intimidad, la Fiscalía solicita para ambas acusadas tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión, además de una indemnización de 3.000 euros para cada víctima por daños morales.
La acusación particular, ejercida por el letrado Juan Manuel Yerga, endurece esta petición y exige cinco años de cárcel y doce de inhabilitación. Además, eleva la compensación económica a 15.000 euros por cabeza, reclamando que el SES asuma el pago en calidad de responsable civil subsidiario por permitir el atentado contra la dignidad y la vida privada del matrimonio. Frente a estas acusaciones, la defensa de las dos trabajadoras sanitarias solicita su libre absolución.
