El juicio se iniciará en noviembre de 2027.
El juicio por el presunto desfalco en el Colegio de Veterinarios de Barcelona queda suspendido hasta noviembre de 2027
El retraso se debe a la inasistencia, por motivos de salud, del abogado de una de las personas acusadas de emitir facturas falsas
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El Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) ha informado de la suspensión del juicio por el presunto desfalco interno llevado a cabo por su expresidente José Antonio Gómez Muro. El retraso se debe a la inasistencia, por motivos de salud, del abogado de una de las personas acusadas de emitir facturas falsas.
Se han señalado las nuevas fechas de juicio para los días 5 y 19 de noviembre de 2027. "Lamentamos este retraso en este largo periplo judicial", ha exteriorizado el COVB, que ejerce como acusación particular. En concreto, pide penas de hasta siete años de prisión por presuntos delitos continuados de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida, entre otros. "Asimismo, la responsabilidad civil por el daño patrimonial causado se ha fijado en 1.438.177,55 euros -ha manifestado-. Para asegurar este importe, se ha abierto una pieza separada de embargo, tras el procedimiento infructuoso de afianzamiento por parte de los acusados, por un importe de 1.917.569,93 €, en la que se han embargado preventivamente saldos bancarios, fincas y pensiones".
Administración desleal y falsedad documental
En 2023, la Fiscalía solicitó tres años de cárcel para Gómez Muro y su extesorero, Jorge Vilà, por posibles delitos de administración desleal y falsedad documental. El Ministerio Público les acusaba de un desvío de 1,4 millones de euros de la institución entre los años 2012 y 2016.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados aprovecharon sus cargos para orquestar un plan de enriquecimiento ilícito a espaldas de la junta de gobierno y de la asamblea de socios, financiado a través de las cuotas de los colegiados. La operativa consistía presuntamente en el abono continuado de facturas falsas por supuestas obras de reforma y mejora en las instalaciones colegiales que nunca llegaron a ejecutarse.
Para llevar a cabo el fraude, contaron con la colaboración de otros tres encausados, encargados de aportar la facturación irregular a través de una red de cinco empresas sin actividad ni trabajadores. El cobro de los trabajos se realizaba mediante pagos inmediatos autorizados directamente por el entonces presidente y el dinero, presuntamente, era posteriormente extraído por los cómplices mediante reintegros bancarios en efectivo.
