La objeción de conciencia, en tela de juicio
Algunos expertos consideran que sería necesaria una nueva regulación para evitar inseguridad jurídica
Ricardo Martínez Platel. Madrid
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que limita el derecho a la objeción de conciencia del médico contrario al aborto al hecho de si se ve "directamente implicado" en el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo ha vuelto a suscitar el debate sobre un tema donde las posturas están encontradas. El fallo prioriza la información que los profesionales deben de prestar en consulta ante cualquier mujer que acude a solicitar asesoramiento para abortar sobre las creencias religiosas o ideológicas del facultativo.
Entre las voces más discordantes con esta idea se erigió el Colegio de Médicos de Toledo, que presentó un recurso ante los tribunales por considerar que los artículos 55.1 y 55.2 del Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial (OMC), referidos al deber del médico de informar a la paciente que desee abortar, vulneraban el derecho de objeción de conciencia de los médicos y solicitaba la suspensión de la ejecutividad de dichos preceptos, alegando que los artículos impugnados infringían el artículo 16 de la Constitución sobre libertad ideológica y religiosa del que se deriva el derecho de objeción, aunque finalmente estos argumentos fueron desestimados.
En este sentido, el catedrático César Nombela considera señalaba como “necesario que se reconozca y respete la conciencia, especialmente cuando se trata del derecho a la vida, en la etapa fetal o en los últimos días”. Nombela cree que es preciso que se regule porque “nuestra sociedad seguirá ganando con ello, porque pertenece al ámbito de la libertad personal”.
Sobre este asunto Ricardo de Lorenzo, director del bufete De Lorenzo Abogados ha explicado que “la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental, cuyo contenido se encuadra dentro de los derechos fundamentales en base a la libertad que contempla el artículo 16 de la Constitución Española. Ahora bien, ante la ausencia de una regulación específica de la objeción de conciencia nos encontramos que la eficacia constitucional directa de ese derecho, no se percibe claramente, ni por los pacientes, ni por los profesionales sanitarios, ni por los juristas”.
Sin embargo, hay posturas como la de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que afirman que “la objeción de conciencia ya está regulada por la Constitución Española y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Del Moral es partidario de “analizar la objeción de conciencia caso por caso”, ya que “no se trata tanto de priorizar un derecho sobre el otro, sino de compatibilizar y ver soluciones que permitan salvaguardar ambos interese”.
A falta de una normativa que fije unos preceptos a los que los profesionales sanitarios puedan ceñirse, la objeción de conciencia seguirá generando controversia.
