Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 / Imagen del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Las listas de espera en dependencia se desploman un 22,7 % y marcan su mayor descenso interanual
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 celebra que en septiembre de este año se registraron 39.672 personas menos que en 2025
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Durante el último trimestre, la lista de espera de dependencia en España se ha reducido casi un 6 por ciento (5,7 por ciento). Al mismo tiempo, las demoras recogen su mayor disminución en términos interanuales, al reducirse un 22,7 por ciento en el último año. Esto equivale a 39.672 personas menos respecto a septiembre de 2025. Así lo refleja la séptima entrega del Panel del SAAD, una herramienta que creó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en abril de 2025 con el objetivo de ofrecer y analizar trimestralmente los principales datos sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La reducción de la lista de espera es un dato que ha ido disminuyendo progresivamente en todas las entregas del panel, y acelerándose en los últimos años, de modo que, desde 2021, la lista de espera se ha reducido en más de un 56,7 por ciento, lo que representa un descenso de 176.711 personas en cinco años.
Además, la consolidación de esta aceleración en el ritmo de incorporación al sistema se produce en un escenario de envejecimiento acelerado y de presión creciente de la demanda. Esto significa que el SAAD, lejos de tensionarse, demuestra una evolución positiva que no solo logra absorber el aumento de solicitudes sino también mejorar de forma continuada sus resultados.
En lo que respecta a la situación por comunidades autónomas, aquellas que presentan una lista de espera más alta en relación con la población potencialmente dependiente son Murcia seguida de Cataluña y Extremadura, mientras que los territorios que poseen una lista de espera más baja en relación con la población potencialmente dependiente son Castilla y León seguida de Aragón y Galicia.
Respecto al último trimestre, las comunidades que más han reducido su lista de espera han sido Cataluña (4.973 personas), Asturias (2.472 personas) y Andalucía (1.125 personas). Los territorios donde la lista de espera, lejos de reducirse, se ha incrementado, han sido País Vasco, con un aumento de 263 personas, y Castilla La-Mancha y Cantabria, con un incremento de 181 y 172 personas respectivamente.
Esta lista de espera incluye tanto a las personas que están pendientes de valoración de grado como a las personas que ya tienen reconocido un grado y llevan más de 6 meses esperando a recibir una prestación o servicio, que es el plazo que establecía la ley para que los gobiernos autonómicos resolvieran el proceso completo de la dependencia. Ahora, tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, ese tiempo de espera se establece en tres meses como máximo.
Inversión en dependencia
Para sostener esta mejora asistencial, el Gobierno ha activado la mayor inversión en la historia del sistema de dependencia, inyectando 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Esta inyección ya se ha traducido en una transferencia extra de 739 millones de euros a las comunidades autónomas solo entre los meses de julio y septiembre.
Lejos de la antigua burocracia, la nueva estrategia financiera prioriza el impacto clínico y asistencial. De hecho, de cada cien euros adicionales transferidos, casi 97 se dirigen a pacientes con mayores necesidades de apoyo. Las cuantías estatales destinadas a los grados II y III se han duplicado (con incrementos del 100 por ciento y el 128 por ciento, respectivamente). Como resultado, el grado III ha concentrado el 64 por ciento de toda la subida de fondos. Por su parte, la financiación para el grado I ha experimentado un alza del 18 por ciento. Este esfuerzo económico ha disparado la aportación media mensual del Estado por paciente dependiente hasta los 295 euros. Esto supone un 95,7 por ciento más frente a los 151 euros registrados el pasado mes de junio. A estas cifras se sumarán los 904 millones de euros correspondientes al "nivel acordado" (fondos condicionados al cumplimiento de objetivos de gestión) previstos para este año. Con la suma de todas las partidas, la previsión es que en 2027 el Estado abone a las autonomías un total cercano a los 7.240 millones de euros.
El empuje financiero ha permitido que el sistema absorba la creciente demanda sanitaria y alcance un nuevo máximo histórico: 1.748.901 personas cuentan ya con una prestación efectiva. Durante este último trimestre se han sumado 41.573 nuevos beneficiarios (un crecimiento del 2,4 por ciento). Esto consolida una tendencia positiva en la que el ritmo de atención avanza por fin más rápido que el de las propias solicitudes.
![Sergi Jiménez, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.](["https:\/\/s1.redaccionmedica.com\/k\/imgp\/cms\/sanitaria2000\/99938.jpg?p=w:320\/h:240&h=hu7IsFhV"])
El tiempo medio de gestión desde la solicitud de dependencia hasta la resolución del expediente ha caído en 48 días en lo que va de 2026. Actualmente, la espera se sitúa en 293 días de media a nivel nacional. Sin embargo, la brecha territorial sigue siendo evidente: mientras Ceuta (75 días), Aragón (109 días) y Castilla y León (120 días) lideran la agilidad administrativa, los pacientes de Murcia (529 días), Asturias (413 días) y Andalucía (402 días) sufren las mayores demoras de todo el país.
A pesar de la inyección presupuestaria, el Ministerio de Derechos Sociales advierte de una crisis inminente en los recursos humanos sociosanitarios si no se mejoran las condiciones del sector. Los datos extraídos del Panel del SAAD dibujan un panorama al límite. El titular de la cartera nacional, Pablo Bustinduy, ha reiterado que España necesitará incorporar a 260.000 trabajadoras adicionales antes de 2030 para poder garantizar los cuidados de larga duración ante el reto demográfico.
Asimismo, ha hecho hincapié en que las mujeres representan el 87,9 por ciento de las plantillas en residencias. En los servicios de atención domiciliaria, esta cifra se eleva al 91 por ciento. Por otro lado, en el ámbito del cuidado no profesional (en el entorno familiar), el 71,9 por ciento de quienes asumen esta carga son mujeres. El perfil más repetido es el de una cuidadora de entre 50 y 66 años.
