Huelga médica.
Los médicos se plantan ante el Estatuto Marco e irán a huelga indefinida a partir de octubre
Aun así, la decisión tendrá que ser ratificada en los próximos días por las ejecutivas de los sindicatos de facultativos que forman parte del Comité de Huelga
Los sindicatos médicos han tomado una decisión. La elección del Ministerio de Sanidad de seguir adelante con el Estatuto Marco aun sin contar con el respaldo de las organizaciones sindicales de facultativos tendrá consecuencias.
Tal y como ha podido conocer Redacción Médica, el Comité de Huelga ha coincidido en la convocatoria de una huelga de carácter indefinido a partir del mes de octubre. De todas formas, aunque se ha acordado en la reunión que ha mantenido el órgano, se trata de una iniciativa que tendrá que ser ratificada en las ejecutivas de todos los sindicatos que forman parte del Comité, como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato O'Mega, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).
A principios de la próxima semana se volverán a reunir y será en ese encuentro donde la acción sea firme. Asimismo, las organizaciones han abordado la situación actual tras la aprobación del texto en segunda vuelta del Consejo de Ministros.
Sobre todo, los sindicatos médicos han asumido que "todos los esfuerzos y la presión" los tendrán que "encarrilar hacia los partidos políticos". Y es que serán las Cortes Generales las que decidan si el Estatuto Marco se aprueba o no.
Aunque la huelga indefinida sea la iniciativa 'estrella', los representantes sindicales no descartan otras acciones, ya que han asumido que tendrán que "aumentar la presión". Otra fuente consultada por este medio, de hecho, ha explicado que todavía se debe definir cómo será el calendario de movilizaciones, en las que, de primeras, se incluye la gran convocatoria.
Reacciones a la aprobación en segunda vuelta del Estatuto Marco
De esta forma, se agrava una situación que durante el último año provocó la paralización de cientos de miles de intervenciones quirúrgicas, primeras consultas y pruebas diagnósticas en los diferentes Servicios de Salud. La mayoría de autonomías todavía no se han pronunciado sobre el nuevo movimiento ministerial en relación al Estatuto. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por ejemplo, ha calificado este paso como "una huida hacia adelante" con un documento que "no va a salir".
Por su parte, el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha apuntado que quiere ver el texto. Desde su punto de vista, antes de anunciar derechos "hay que explicar cuánto cuestan, quién los financia y con qué profesionales se van a hacer realidad". "No aceptaremos un Estatuto Marco en el que el Gobierno legisle en contra de todo el mundo, las comunidades paguen y los pacientes soporten las consecuencias de que las cuentas o las plantillas no cuadren", ha anotado.
Aun así, en los últimos Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud (Cisns) todas fueron 'a una' independientemente del color político y trasladaron a Mónica García que lo mejor era volver a diseñar el texto desde el principio sin olvidarse del consenso.
Del consenso sindical al parlamentario
No obstante, Satse-FSES, FSS-CCOO y UGT ya han mostrado públicamente su valoración positiva respecto a que el proyecto de ley culmine una fase fundamental. De hecho, han recordado en un comunicado que se trata de una reforma "fruto del intenso proceso de diálogo y negociación desarrollado en el Ámbito de Negociación del SNS y del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones legitimadas para representar y defender los intereses del conjunto del personal estatutario".
La situación actual es compleja. El texto tendrá que recibir el respaldo de las formaciones políticas que tienen voz y voto en la Cámara Baja. Tanto el Partido Popular como Vox han criticado en numerosas ocasiones que Sanidad "no haya contado con los médicos para diseñar el documento". Sumar y PSOE, socios de Gobierno, deberán buscar el apoyo de partidos como Junts, Esquerra o PNV para que se haga efectivo. Un contexto de incertidumbre al que se une la próxima convocatoria de elecciones generales, prevista para 2027.
