Un sanitario administra una vacuna.
La vacunación obligatoria en Ceuta se supedita a un alto riesgo epidemiológico
Los expertos coinciden en que llevar a la práctica este imperativo sería complicado y debería existir un daño a terceros
El Ministerio de Sanidad movía ficha este lunes en la crisis humanitaria de Ceuta. Aunque la responsable del ramo, Mónica García, ya dejó claro durante el fin de semana que no había motivos para solicitar un confinamiento, tal y como reclamaba el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, el departamento sí apuesta por un refuerzo inmunológico para responder a las necesidades extraordinarias de prevención de potenciales enfermedades en la ciudad autónoma. Es por ello que, a través de la Comisión de Salud Pública, se ha acordado el envío de 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela, y 10.000 de polio a través del mecanismo de solidaridad de dosis de las comunidades autónomas. Ante la mayor disponibilidad, la duda ahora es conocer la predisposición de los pacientes a recibir este tipo de protección. No solo la de las personas migrantes que permanecen en el terreno, sino también la de aquellos ciudadanos ceutíes no vacunados, a los que también va dirigida dicha estrategia vacunal.
La respuesta de los expertos reabría un debate recurrente sobre los límites de la intervención sanitaria. Aunque la vacunación en España es voluntaria, lo cierto es que sí habría situaciones de alto riesgo en los que el Estado podría imponer de forma forzosa este tipo de protección. "En momentos de epidemia la autoridad sanitaria puede determinar la obligatoriedad", explica Fernando Moraga-Llop como vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología (AEV), señalando como precedente el brote de sarampión ocurrido en Granada hace más de una década, cuando las autoridades recurrieron a los tribunales para que varios menores fueran vacunados pese a la negativa de sus responsables.
Carácter preventivo
En la misma frecuencia se mueve la opinión de Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra. Aunque convencido de que la cuestión vacunal debe abordarse desde la protección, considera que sería muy difícil llegar a un escenario de eventual obligatoriedad para lo cual, debería existir un deseo de "prevenir daños a terceros", expone. No obstante, "forzar a una persona a vacunarse" plantearía una situación "muy complicada", argumenta, puesto que implantar una "obligación sanitaria" y ejercerla coercitivamente en la práctica no es lo mismo.
De momento, y sin la existencia de brotes preocupantes, la situación ceutí todavía permanece alejada de este escenario de emergencia epidemiológica, por lo que la vacunación tendría fundamentalmente un carácter preventivo, tal y como remarcaba el propio ministerio tras la reunión mantenida con los responsables sanitarios autonómicos. Especialmente, destaca Moraga-Llop, teniendo en cuenta la "alta incidencia" de sarampión que alberga Marruecos, de donde procedía una buena parte de los contagios "registrados en España en 2024 y 2025".
¿Qué pasa con los menores?
La situación, sin embargo, se torna compleja en el caso de los menores no acompañados, ya que, tal y como explican los expertos, en muchos casos no existe documentación que permita conocer su historial vacunal y tampoco están presentes sus padres o tutores. Moraga-Llop considera que, cuando no se puede certificar que un menor está vacunado, el criterio debería ser administrar la dosis, salvo que exista una contraindicación conocida.
En cualquier caso, se trata de situaciones cuanto menos atípicas, matiza, puesto que no es habitual que una persona se niegue a recibir este tipo de inmunización. De hecho, el porcentaje de población no vacunada en países de bajos recursos es "muy mínimo", afirma. "Lo que pasa es que ahora es una situación que tiene otras connotaciones y habría gente que a lo mejor se negaría por otros motivos", advierte.
Las reservas vacunales no son un problema
La disponibilidad de stock, esgrimida por algunas comunidades autónomas como condición a la hora de ceder dosis a la causa, no es vista como un problema por los expertos ya que "el número de personas a vacunar es pequeño" y las reservas estratégicas, tanto las de Sanidad como las de las regiones, no se verían, por tanto, comprometidas, corrobora Benavides, para quien proteger y prevenir resulta la estrategia ideal a seguir en estos momentos.
Por ello, carga contra la idea planteada por los populares de confinar Ceuta. "Es un despropósito que muestra el desconocimiento de lo que es una crisis sanitaria", reprocha, al entender que no solo se está magnificando la situación a otra envergadura, sino que se está "culpabilizando de nuevo a estas personas que están en una situación complicada desde el punto de vista legal de crear una epidemia". La propia Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), de la que es portavoz, afirmaba que, "con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo". En un comunicado, dejaba claro que "la detección de casos de tuberculosis, escabiosis, varicela o infecciones gastrointestinales exige una respuesta sanitaria adecuada, pero no constituye, por sí sola, evidencia de una transmisión comunitaria generalizada ni permite atribuir a un conjunto de personas una situación de riesgo que debe ser valorada epidemiológicamente de manera específica". Sumándose a la postura de Sespas, Sanidad también insistía en que, más allá de la vacunación, la medida más urgente es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes.
