La oposición coincide: reformar la Ley General de Sanidad pasa por derogar el 16/2012
PSOE, UPyD, CiU y PNV acuerdan en señalar al Real Decreto aprobado por el Ejecutivo como punto de “ruptura” del Sistema Nacional de Salud
Cristina Alcalá / Imagen: Pablo Eguizábal. Baiona (Pontevedra)
Los representantes sanitarios tanto de PSOE, CiU, EAJ-PNV como UPyD consideran imprescindible derogar el Real Decreto 16/2012, que entre otros aspectos acota el acceso al sistema sanitario a determinados grupos de la sociedad, como paso previo para comenzar una posible reforma de la Ley General de Sanidad.
En una tertulia celebrada en el marco del V Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad, organizado por Sanitaria 2000 en el Parador Nacional de Baiona (Pontevedra), los grupos mayoritarios con representación parlamentaria, a excepción del Partido Popular, han acordado en señalar al 16/2012 como la principal barrera para reformar esta norma básica para el sector.
La "ruptura" del SNS por el RD 16/2012
El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, opina que el 16/2012 supone "una ruptura" en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud y pide crear una base única que acoja a todos los ciudadanos, sin exclusión. Además, Olmos ve necesario incluir la salud y el carácter universal de la sanidad como derechos fundamentales de todos los españoles.
Para Olmos, la modificación de la Ley General de Sanidad pasa por debatir sobre su financiación, principalmente pública, en su opinión; la transparencia en los servicios y con el paciente, su descentralización en beneficio de las comunidades autónomas y la cartera de servicios básicos que debe incluir. "Con estas reformas recobraremos un consenso, y cuantos más grupos parlamentarios se incorporen, mejor será la sanidad pública española", ha señalado el diputado.
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La descentralización, clave en la Ley General de Sanidad
Los dos portavoces nacionalistas de la mesa han señalado problemas similares para poder reformar la Ley General de Sanidad. Según Conxita Tarruella, portavoz de CiU en la Comisión de Sanidad del Congreso, las competencias de las comunidades autónomas en materia sanitaria deben prevalecer, algo que considera que en la actualidad "corre peligro".
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La diputada catalana ha remarcado los "flecos sueltos" que aún tiene la Ley General de Sanidad desde su aprobación en 1986. Problemas estructurales que deben solucionarse con una mayor financiación y, por ende, con una mayor sostenibilidad del sistema sanitario. "Es una ley positiva, que permitió pasar de la sanidad del siglo XIX a la del XXI, pero pasado los años, tiene que ponerse más al día", ha remarcado Tarruella.
Por su parte, el portavoz de PNV de Sanidad, Joseba Agirretxea, ha destacado la buena salud de la Ley General de Sanidad, por lo que, a su juicio, la reforma pasa por una actualización y no una derogación de la misma. Actualizaciones, ha criticado Agirretxea, a través del consenso y no de reales decretos, en referencia al 16/2012. En este sentido, Agirretxea lamenta que con estos cambios se pretenda modificar el papel actual de las comunidades autónomas, pasando de ser "meras administraciones de la sanidad" a "auténticas gestoras" de esta materia.
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Moreno resalta la importancia de la salud en España. |
Enrique Normad, portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea de Madrid, explica que el espíritu de esta norma básica, basado en la descentralización, no se desarrolló como se quiso. Ese "café para todos", como señala Normad, ha creado desigualdades en el mapa sanitario español, algo que debe solucionarse con el consenso amplio de los grupos parlamentarios, pero también con el de las sociedades científicas, los colectivos profesionales y los pacientes.
El sistema sanitario español, cohesionado con el europeo
Al igual que para sus homólogos en el Congreso, para Rubén Moreno, portavoz popular de Sanidad en la Cámara Baja, después de 28 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el pilar legislativo del sector requiere de una reforma de urgencia, pero basada en el consenso con todos los partidos políticos. "Hay varias maneras de reformarla: ir haciendo varias leyes que la modifiquen o un texto refundido que dé lugar a una nueva norma", detalla Moreno, quien defiende que el Real Decreto 16/2012 se debe a la cohesión con los demás países miembros de la Unión Europea, y no a la competencia exclusiva del Gobierno.
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