Mónica García.
El Ministerio pide a la Abogacía del Estado que aplique "las medidas necesarias" para que Madrid cree el registro de objetores de conciencia
Madrid seguía sin avanzar a 1 de septiembre en la creación del registro exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El Ministerio de Sanidad vuelve a tomar acciones contra la Comunidad de Madrid por el registro de objetores de conciencia del aborto. Desde la Comunidad hubo varias negativas a crear ese documento. Sanidad insistía en que era una obligación legal y presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno regional. Finalmente, el Alto Tribunal determinó que Madrid debía crear ese registro. La decisión llegó en el mes de marzo. Sin embargo, tal y como ha comunicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en la rueda de prensa para presentar la nueva campaña sobre el aborto, a fecha de uno de septiembre, la Comunidad aún no había avanzado en esta labor. Por ello, desde su departamento se ha solicitado a la Abogacía del Estado que se lleven a cabo “todas las medidas necesarias” para que se complete este proceso.
Por el momento, Madrid solo ha realizado los trámites iniciales de la creación del registro. La campaña que hoy ha presentado la ministra busca romper con el estigma del aborto y blindar las garantías para que este pueda realizarse en la sanidad pública. Según datos de 2024, los últimos disponibles, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizaron en centros privados. En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje se eleva al 99 por ciento. "Esto es un dato que muestra cuánto nos queda por avanzar para que esta prestación forme parte de la atención habitual de nuestra atención sanitaria en la sanidad pública", ha aseverado García.
¿Para qué sirve el registro de objetores del aborto?
Por otro lado, la ministra ha vuelto a insistir en que la objeción de conciencia es un derecho individual que hay que respetar. Pero el derecho al aborto también debe respetarse. Por ello, advierte que la objeción profesional “debe organizarse de forma equitativa” para garantizar que sea compatible con el acceso efectivo a esta prestación.
En este sentido, el Ministerio insiste en que el registro tiene una función meramente organizativa: sirve para que los gestores sepan de cuántos profesionales disponen y puedan garantizar así la interrupción del embarazo en los hospitales públicos- Madrid no es la única comunidad rezagada en la elaboración del documento. Tal y como ha confirmado la propia ministra, hay otras dos comunidades que también van “lentas” en ese proceso. Una de ellas es Andalucía. No obstante, en estos dos casos no ha habido requerimiento judicial, pero sí una advertencia por parte del departamento de Sanidad.
