Miguel Ángel Máñez
El cambio de jornada del Estatuto Marco exige contratar a 4.190 sanitarios en toda España
Sanidad calcula que será necesario invertir 295 millones de euros para hacer frente a estas nóminas
García afirma que el Estatuto médico "puede tener cabida" cuando se apruebe el marco general
Una de las grandes incógnitas del Estatuto Marco era cómo iba a ser posible llevar a la práctica un cambio tan drástico en las jornadas y la reducción de las guardias, teniendo en cuenta la dimensión de las plantillas de sanitarios repartidos por las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha resuelto finalmente la duda con la publicación de una ansiada memoria económica que acompañará a la ley durante su fase de tramitación parlamentaria. Según la documentación a la que ha accedido Redacción Médica, será necesario contratar al menos a 4.190 profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El proyecto de ley diseñado por el departamento que dirige Mónica García contempla varias novedades en los límites de la jornada laboral. Los sanitarios no podrán superar el tope de 45 horas semanales, tendrán derecho a un descanso semanal de mínimo 24 horas ininterrumpidas y un descanso de 12 horas entre jornadas. Además, por primera vez se pone límite al modelo de guardias médicas de 24 horas. Es precisamente esta reducción del horario la que obliga a contratar a miles de profesionales para cubrir los huecos.
Para hacer los cálculos, el ministerio ha tenido en cuenta el número de especialistas menores de 55 años (ya que los mayores están exentos de estos turnos) cuya especialidad realiza guardias físicas o localizadas. En total, se estima que 62.845 profesionales se verán afectados por esta reducción horaria. Partiendo de la base de que la jornada se reducirá al menos desde las 48 hasta las 45 horas semanales, el resultado es que será necesario sumar a 4.190 profesionales a jornada completa.
El desembolso económico para el sueldo sanitario
Además, Sanidad se ha valido del último informe del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) para calcular cuál será la inversión necesaria para hacer frente a las nóminas. Teniendo en cuenta también las cotizaciones a la Seguridad Social, el Gobierno calcula que el presupuesto ascenderá a más de 295 millones de euros. En todo caso, la incorporación de estos profesionales no se producirá de manera inmediata, sino que estará condicionada a los procesos de selección y la disponibilidad de especialistas. No será hasta 2031 cuando se espera que todos se hayan incorporado al SNS.
“La incorporación efectiva de los primeros nuevos efectivos no se materializa hasta el tercer ejercicio, dado que los plazos ordinarios inherentes a este tipo de procesos no permiten anticiparla a los dos primeros años del periodo transitorio. El ritmo de incorporación se intensifica en el cuarto ejercicio, a medida que avanza la disponibilidad de especialistas y se resuelven sucesivos procesos de selección, hasta converger de nuevo con el escenario central en el quinto ejercicio”, apunta la memoria económica.
Las contrataciones en sanidad por comunidades autónomas
El Ministerio ha publicado también un desglose sobre el número de profesionales y el desembolso económico que deberá realizar cada comunidad autónoma para incorporarlos a su servicio de salud. Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña son las que tendrán que hacer frente a una mayor inversión debido a que son las que concentran más volumen de población de pacientes y que también cuentan con las plantillas más nutridas de profesionales de la salud.
En todo caso, el ministerio ha advertido que el impacto económico es un cálculo “teórico máximo inicial”, ya que este monto se puede reducir significativamente si las regiones adoptan medidas organizativas orientadas a la “eficiencia” como la reorganización de turnos, la reducción de presencias físicas, la concentración de guardias, la redistribución de recursos humanos o la optimización de las plantillas.
Así queda el desglose por comunidades:
- Andalucía: 756 profesionales sanitarios adicionales (51,3 millones de euros)
- Aragón: 162 profesionales sanitarios adicionales (11,3 millones de euros)
- Navarra: 81 profesionales sanitarios adicionales (6,3 millones de euros)
- Comunidad de Madrid: 529 profesionales sanitarios adicionales (34,7 millones de euros)
- Comunidad Valenciana: 409 profesionales sanitarios adicionales (30,2 millones de euros)
- Canarias: 355 profesionales sanitarios adicionales (17,8 millones de euros)
- Cantabria: 68 profesionales sanitarios adicionales (4,5 millones de euros)
- Castilla y León: 218 profesionales sanitarios adicionales (14,9 millones de euros)
- Castilla-La Mancha: 210 profesionales sanitarios adicionales (14,6 millones de euros)
- Cataluña: 322 profesionales sanitarios adicionales (22,6 millones de euros)
- Extremadura: 125 profesionales sanitarios adicionales (8,5 millones de euros)
- Galicia: 283 profesionales sanitarios adicionales (19,7 millones de euros)
- Islas Baleares: 119 profesionales sanitarios adicionales (8,1 millones de euros)
- La Rioja: 34 profesionales sanitarios adicionales (2,3 millones de euros)
- Asturias: 121 profesionales sanitarios adicionales (8,5 millones de euros)
- País Vasco: 308 profesionales sanitarios adicionales (24,2 millones de euros)
- Región de Murcia: 183 profesionales sanitarios adicionales (14,4 millones de euros)
- Ingesa: 7 profesionales sanitarios (596.000 euros)
La tramitación parlamentaria del Estatuto Marco
En todo caso, esta contratación masiva de sanitarios queda emplazada a que el Estatuto Marco finalmente vea la luz en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ya ha tramitado el proyecto de ley en la cámara baja, donde se anticipa un complicado recorrido con los grupos. La ministra de Sanidad ya ha invitado a todos los partidos políticos a presentar sus enmiendas para tratar de pulir la ley que cuenta con varios detractores.
A las críticas habituales del bloque de la oposición en la derecha (Partido Popular y Vox) también se suman algunas dudas manifestadas por socios habituales del Gobierno como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo voto positivo se antoja crucial para garantizar una mayoría suficiente para salvar la ley.
