Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Feijóo anuncia reformas en las leyes del aborto y la eutanasia si llega a Moncloa tras el 29N
El líder del PP ha afirmado que reabrirá el debate sobre el aborto y ha garantizado que las mujeres en España tengan "los mejores médicos y asistencia sanitaria"
Y además: Sanidad buscará un aborto más 'accesible' a través de la introducción de su alternativa farmacológica en Atención Primaria
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta mañana que "reabrirá el debate" sobre la ley del aborto para exigir que las menores de 16 y 17 años tengan el conocimiento de sus padres si se alza como vencedor de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Además, ha anunciado cambios en la ley de la eutanasia, defendiendo que la vida digna está por encima de la muerte digna.
En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha garantizado que las mujeres en España tengan los "mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria" si deciden interrumpir el embarazo, de forma que "puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país". "Yo lo garantizo en la pública y en la privada", ha apostillado, si bien ha dicho que él no puede "obligar a un médico" a practicar un aborto.
Al ser preguntado si el PP va a obligar a las chicas de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres para abortar, Feijóo ha señalado que su "opinión personal" es que debería tener "el conocimiento de sus padres" y ha añadido que considera que "es un debate que procede". "¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha enfatizado.
Mónica García se niega a volver "a 1980"
Así, la intención de Feijóo choca de lleno con la política desarrollada hasta el momento por el Ministerio de Sanidad en esta materia. Y es que en los últimos meses, el departamento de Mónica García ha impulsado una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo para actualizar la información que reciben las pacientes y los procedimientos de evaluación clínica, con el objetivo de adaptar la normativa a las garantías recogidas en la legislación vigente.
De hecho, Mónica García ya ha cargado contra estos anuncios del líder del PP, asegurando que pretende llevar el aborto y la eutanasia a "1980". La ministra de Sanidad ha defendido que "el aborto y la eutanasia son un derecho" y ha acusado al Partido Popular y a las derechas de cuestionar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, el Gobierno aprobó en abril de 2026 un proyecto de reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional. La iniciativa pretende incorporar esta garantía a la Constitución, aunque su aprobación definitiva depende de la correspondiente tramitación parlamentaria.
Por eso, para García las propuestas del PP suponen volver a debatir cuestiones que considera "superadas" en España y ha llamado a todas las mujeres a movilizarse para defender sus derechos. En este sentido, ha apelado al feminismo para frenar lo que ha calificado como "ansias patriarcales de recortar nuestros derechos" y ha instado a derrotar electoralmente a la derecha el próximo 29 de noviembre.
Por otra parte, Sanidad también ha iniciado los trámites para facilitar el aborto farmacológico en Atención Primaria, mediante cambios en la regulación de los centros sanitarios, la ficha técnica de la mifepristona y la cartera común de servicios. La medida busca acercar esta prestación a los centros de salud y reducir las barreras de acceso, aunque los profesionales han advertido de la necesidad de reforzar la formación, los recursos técnicos y la organización asistencial para aplicarla.
La eutanasia, otro frente de discrepancia
Mientras, en relación con la eutanasia, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que la ley vigente "está funcionando bien". Según ha señalado, la norma ofrece garantías a todas las partes implicadas, ya que "garantiza el derecho, garantiza la práctica y garantiza la objeción de conciencia". Padilla ha cuestionado también la reforma planteada por Feijóo y ha afirmado que, a su juicio, su objetivo es "dificultar el derecho y suprimir, de facto, su aplicación".
En este contexto, el caso de Noelia Castillo situaba ley de eutanasia en el centro del debate sanitario hace unos meses. La joven barcelonesa, de 25 años, recibió la prestación el 26 de marzo de 2026, después de un largo recorrido judicial iniciado tras la aprobación de su solicitud en 2024. La oposición de su padre dio lugar a distintos recursos judiciales que retrasaron el procedimiento y su historia reabrió el debate sobre la autonomía de los pacientes.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad actualizó el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, aunque su aprobación estuvo marcada por las discrepancias con la Comunidad de Madrid. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, pidió aplazar la votación prevista en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para incorporar aportaciones de sociedades científicas y colegios profesionales. Finalmente, el 10 de julio, el documento salió adelante sin el respaldo de Madrid, que votó en contra.
