Pablo Bustinduy / Imagen de Eduardo Parra / Europa Press
El Congreso aprueba la Ley de dependencia con la sanidad como eje: "Es la mayor reforma en décadas"
La Cámara Baja aprueba este miércoles las enmiendas del Senado y da luz verde al texto, aunque deja una cuenta pendiente en los CUME
Luz verde a las nuevas leyes de dependencia y discapacidad en el Congreso de los Diputados. El pleno ha votado este miércoles las enmiendas que el Senado introdujo la semana pasada. El Gobierno culmina así la “gran actualización” del sistema español de cuidados. “Es la mayor reforma del sistema de dependencia en el país en décadas”, ha asegurado ante la Cámara el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Con el texto ya aprobado, se prevén nuevos servicios, como los cuidados en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo, y mejoras en otros ya existentes. Eso sí, el debate no ha estado exento de críticas. Esta vez, el foco ha estado en la financiación y en el veto del Gobierno a las enmiendas del Partido Popular.
Así ha sido el debate parlamentario
El PP se valió de su mayoría en la Cámara Alta para aprobar dos enmiendas dirigidas a las personas afectadas por la ELA: la creación de un nuevo Grado III+ de dependencia extrema para pacientes en fases avanzadas y la garantía de atención domiciliaria 24 horas y cero copago. Sin embargo, el Gobierno ha bloqueado su tramitación alegando que estas medidas afectan a los presupuestos. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ya acusó al Ejecutivo de “prometer mejoras, para recortar los avances que ya habíamos conseguido en el Senado” y calificó el acto como una “cobardía absoluta”.
Su compañera de partido, Violante Tomás, ha replicado esta crítica ante el pleno, lamentando que el Gobierno haya impedido el debate de unas enmiendas en las que había acuerdo entre varios grupos. “Argumentan que es mucho gasto, pero el gasto que suponía era de 2,3 millones de euros”, ha denunciado. Esta misma cifra también ha sido pronunciada por el diputado de Vox, Juan José Aizcorbe Torra, que ha cargado contra “una voluntad política que prescinde de condiciones necesarias para hacer realidad ese optimismo”. En su caso, los reproches se han centrado en los Cuidados de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).
Una preocupación que también ha calado entre los grupos independentistas. En ERC, Jordi Salvador i Duch ya adelantaba en el debate el voto a favor de la norma, pero insistiendo en que era una aprobación con “condiciones, vigilancia y memoria”. “La memoria tiene cuatro letras: CUME. La CUME no es un impuesto, no es una ayuda: es un salario diferido”, sentenciaba. Han sido muchos los grupos que han criticado el “limbo” en el que el Gobierno ha dejado a las familias, que con la nueva norma tendrán el derecho laboral a reducir su jornada para cuidar a su hijo mayor de 26 años, pero la Seguridad Social no les compensará la pérdida de salario.
Sobre esto, la portavoz del PNV ha recordado que estas familias “ya tienen suficiente”. Por ello, se ha sumado a las críticas contra la forma de proceder y ha matizado que “se puede vetar una propuesta pero no se puede eliminar el problema que esa propuesta pretendía solucionar”. Segundos después, ha adelantado el voto positivo de su grupo, pero matizando las reservas con respecto a determinadas partes de la ley “que entran en un nivel de detalle muy elevado pero que puede limitar la capacidad de acción de las comunidades autónomas”. La portavoz de Sanidad de Junts, Carmen Calvo, también ha criticado la cuestión competencial. “Las competencias de Cataluña no se tocan”, aseguraba.
Asimismo, Marije Fullaondo, diputada de Bildu, ha enumerado otras cuestiones pendientes de esta norma, destacando las deudas al colectivo de afectados con la polio o de esterilizaciones forzadas, el reconocimiento de la dependencia como algo temporal y la extensión del copago. “Aprobar esta ley no puede significar cerrar el debate”, ha advertido. Cabe recordar que otra de las cuestiones más polémicas tiene que ver con las ayudas a los enfermos de ELA. El Ejecutivo ha utilizado el veto presupuestario para negar la creación del Grado III+ de dependencia extrema. Ante esto, la oposición ha argumentado que con esta decisión se niega la atención 24 horas y la exención del copago simplemente "por no querer gastar dinero" en el momento de mayor vulnerabilidad de los pacientes.
Desde el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Néstor Rego celebraba la aprobación de la norma, pero reconocía cierta preocupación sobre la suficiencia de los recursos para llevar a la práctica las medidas que se plantean.
Mucho más optimistas han sido los discursos de la bancada progresista. Noemí Santana, de Podemos, ha recordado que no se puede perder de vista lo esencial. “Detrás de cada expediente tenemos que tener en cuenta que hay una persona y que hay una familia”, ha apuntado, insistiendo en la importancia de una red pública de cuidados. Del Partido Socialista, Inés Plaza, ha asegurado que esta reforma pone el foco en la persona y ha reconocido que “por leyes como esta merece la pena estar en política”. Del lado de Sumar, el diputado Lander Martínez ha asegurado que esta norma es la máxima expresión de “querer mirar” y actuar por las injusticias.
Bustinduy fija en 2028 el objetivo de acabar con las listas de espera en Dependencia
Ha sido el ministro de Derechos Sociales el que ha puesto punto y final al debate, insistiendo en que "la cuestión de los cuidados es una necesidad que atraviesa a la sociedad transversalmente y por tanto a la que hay que dar una respuesta”. Además, ha asegurado que la cuestión presupuestaria está garantizada, explicando que en este caso no hay que esperar “al desarrollo reglamentario para que la ley se vaya desplegando” porque se aprobó por adelantado la financiación de este cambio de modelo. Además, ha fijado los dos próximos objetivos: la eliminación de las listas de espera en dependencia para 2028 y la refundación del sistema de dependencia desde ya para mejorar las condiciones de todos los implicados.
