One Health y salud pública: el papel imprescindible de la Veterinaria

Hablar de One Health no debería servir únicamente para abrir jornadas, adornar estrategias institucionales o cerrar discursos con una apelación genérica a la cooperación entre profesiones. “Una sola salud” solo tendrá verdadero valor sanitario para nuestra sociedad si se convierte en estructuras, presupuesto, datos compartidos, responsabilidades definidas e indicadores públicos de cumplimiento. De lo contrario, seguirá siendo una formulación correcta en lo conceptual, pero débil en lo operativo, en definitiva, una imperdonable pérdida de capacidades para proteger nuestra salud.

En España existe, además, una cuestión previa que debe abordarse con claridad: la Veterinaria no necesita que se le conceda una condición sanitaria que no tenga. La Veterinaria ya es una profesión sanitaria. Así lo reconoce la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que incluye a los veterinarios entre las profesiones sanitarias tituladas y les atribuye funciones directamente vinculadas con la protección de la salud humana, animal y colectiva.

El problema, por tanto, no es la ausencia de reconocimiento legal, es la falta de traducción efectiva de ese reconocimiento en la arquitectura real de la salud pública. Existe una distancia evidente entre lo que la norma reconoce y lo que después reflejan las estructuras administrativas, políticas y sanitarias. Esa distancia es la que debe corregirse.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias no contempla la Veterinaria como una actividad periférica o meramente productiva. Reconoce su papel en ámbitos esenciales: el control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, la prevención y lucha frente a enfermedades animales, especialmente zoonosis, y la evitación de riesgos que la vida animal y sus enfermedades pueden producir en el ser humano. Esta previsión normativa significa que el ordenamiento jurídico español ya reconoce que la salud humana no puede protegerse adecuadamente sin intervención veterinaria.

Sin embargo, ese reconocimiento no se ha trasladado con la misma intensidad al diseño institucional. La Veterinaria sigue apareciendo con frecuencia asociada casi exclusivamente a los animales de compañía, la agricultura, ganadería, producción o consumo, mientras que su dimensión sanitaria queda infrarrepresentada en órganos de decisión, estrategias de salud pública, comités de crisis, planificación epidemiológica, políticas de prevención pandémica y sistemas integrados de vigilancia.

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"One Health no puede ser una consigna. Debe ser la consecuencia lógica del reconocimiento sanitario de la Veterinaria"

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Esta situación genera una contradicción: la ley reconoce una profesión sanitaria, pero el sistema no siempre la incorpora como tal. La reivindicación, por tanto, no debe formularse solo en términos de prestigio profesional, sino en términos de seguridad sanitaria y, sobre todo, como una profesión que debe ofrecer a nuestra sociedad sus máximas capacidades para garantizar el bienestar y la salud. No se trata de reclamar un lugar simbólico para la Veterinaria, sino de corregir una debilidad estructural del sistema.

Los grandes riesgos sanitarios contemporáneos no nacen exclusivamente en los hospitales ni se detectan siempre en los centros de salud. Muchos emergen en la interfaz entre personas, animales, alimentos y ecosistemas. Las zoonosis, las resistencias antimicrobianas, las enfermedades transmitidas por vectores, la seguridad alimentaria, la fauna silvestre como reservorio epidemiológico, el cambio climático, la movilidad global y la intensificación productiva obligan a pensar la salud pública desde una perspectiva más amplia.

Por eso, One Health no puede ser una consigna. Debe ser la consecuencia lógica del reconocimiento sanitario de la Veterinaria. Si la ley reconoce que la profesión veterinaria tiene funciones esenciales para evitar riesgos en el ser humano derivados de la vida animal, entonces las políticas públicas deben incorporar a la Veterinaria allí donde se decide, se planifica, se vigila, se previene y se responde.

La primera medida debería ser el reconocimiento efectivo, expreso y transversal de la Veterinaria como profesión sanitaria en todas las estrategias estatales y autonómicas de salud pública. Este reconocimiento no debe limitarse a menciones formales, sino traducirse en presencia institucional, competencias definidas y participación estable en los órganos donde se adoptan decisiones sanitarias con impacto poblacional.

La segunda medida debería ser la creación de una Comisión Interministerial One Health con capacidad ejecutiva, integrada al menos por Sanidad, Agricultura, Transición Ecológica, Ciencia, Consumo, Universidades y comunidades autónomas, con representación veterinaria cualificada como parte estructural de la gobernanza. Su función no debería limitarse a coordinar informes, sino aprobar planes anuales, fijar prioridades, asignar responsabilidades, activar alertas, evaluar indicadores y publicar resultados.

La tercera medida debe ser la creación de unidades One Health en las comunidades autónomas, integradas funcionalmente en las estructuras de salud pública y con participación veterinaria formal. Estas unidades deberían coordinar información procedente de salud humana, sanidad animal, seguridad alimentaria, laboratorios, fauna silvestre, aguas residuales, medio ambiente y producción primaria.

La cuarta medida es constituir un Sistema Nacional Integrado de Vigilancia One Health integrada con veterinarios. España ya dispone de programas de vigilancia en zoonosis, resistencias antimicrobianas, sanidad animal y seguridad alimentaria, pero el salto cualitativo consiste en interoperar esos datos. La vigilancia humana, veterinaria, alimentaria y ambiental debe poder cruzarse en tiempo útil mediante definiciones comunes, estándares de notificación, laboratorios conectados, mapas de riesgo y cuadros de mando compartidos.

Este sistema debería priorizar zoonosis, crisis alimentarias, resistencias antimicrobianas, enfermedades transmitidas por vectores, fauna silvestre y vigilancia ambiental. Cada área debería contar con indicadores públicos: tiempo medio de notificación, número de alertas investigadas conjuntamente, porcentaje de brotes con investigación multidisciplinar, volumen de muestras analizadas, consumo de antimicrobianos por especie y sector, evolución de resistencias y grado de intercambio de información entre administraciones.

La quinta medida debe ser incorporar veterinarios de salud pública en comités de crisis, planes pandémicos, estrategias de salud pública, políticas de antibióticos, seguridad alimentaria, vigilancia epidemiológica y salud ambiental. La Veterinaria no debe ser convocada solo cuando el problema ya ha llegado a los animales o a los alimentos, sino desde el diseño preventivo de las políticas sanitarias.

La sexta medida es reforzar la trazabilidad de la decisión pública. Cada alerta relevante debería contar con un informe integrado que identificara qué datos proceden de salud humana, cuáles de sanidad animal, cuáles de seguridad alimentaria y cuáles de medio ambiente. Así sería posible evaluar si las decisiones se adoptaron con información suficiente, si hubo retrasos de comunicación o si los protocolos funcionaron.

La séptima medida es establecer presupuesto finalista e indicadores de cumplimiento. Sin financiación ni medición, One Health queda reducido a una aspiración. Deben medirse, entre otros aspectos, las reuniones con acuerdos publicados, las unidades autonómicas constituidas, los veterinarios integrados en órganos de salud pública, los simulacros intersectoriales, el presupuesto ejecutado y los profesionales formados.

Finalmente, es necesario crear un Observatorio One Health independiente, revisar la formación universitaria y mejorar la comunicación pública. La ciudadanía debe entender que la salud pública no empieza solo en el hospital: empieza también en la granja, en la clínica veterinaria, en el laboratorio, en el matadero, en el supermercado, en la fauna silvestre, en el agua, en el uso prudente de antibióticos y en la gestión del entorno.

One Health no exige diluir competencias ni sustituir unas profesiones por otras. Exige reconocer que los problemas complejos necesitan estructuras complejas, pero bien gobernadas. Y exige, sobre todo, que una profesión sanitaria como la Veterinaria sea tratada institucionalmente conforme a lo que ya reconoce la ley: como una pieza esencial de la protección de la salud colectiva.

La Veterinaria no pide entrar en la salud pública desde fuera. Ya está dentro por competencia, por formación, por función social y por reconocimiento legal. Lo que falta es que ese reconocimiento sea efectivo: presencia, responsabilidad, recursos, indicadores y capacidad de decisión con el objeto de aprovechar toda su potencialidad para preservar de un modo más eficaz la salud pública.